La fiscalía general de la provincia y legisladores pusieron su mirada sobre el funcionamiento de la justicia en la región. Lo cierto es que tiene una larga trayectoria de casos impunes y a partir de la reforma judicial acumula sentencias absurdas por la utilización del juicio abreviado que puso, sobre todo en los casos de abusos, en alerta por el desempeño de jueces y fiscales.
El pasado mes de Julio la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, resolvió iniciar un proceso de supervisión de las investigaciones sobre delitos sexuales que tramitan en el ámbito de la Fiscalía Regional 4.
La tarea fue asignada a la fiscal Alejandra Del Río Ayala, quien integra la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 1. Durante 90 días, deberá “abordar cada una de las investigaciones sobre casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género y perspectiva de víctimas (ley 14.181) y una proyección sobre la resolución de los mismos”.
Luego el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, fue apartado de intervenir en una causa por abuso sexual con acceso carnal a dos menores de edad por parte de su padrastro, tras haber tomando en sus manos en 2017 el expediente, cuando era fiscal de grado, sin accionar con posterioridad. La fiscal general Maria Cecilia Vranicich lo apartó de cualquier acción sobre el mismo y giró las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura así como al auditor Leandro Mai.
El caso más emblemático para la política y que desató una catarata de pedidos de informes y acciones fue el de Marcelo Galaz, condenado en un juicio abreviado a 7 años de prisión cuando oportunamente la fiscalía solicitaría 21 años de cárcel. Acusado de abusar de su sobrina se tejieron todo tipo de especulaciones sobre la intermediación de la política para conseguir una sustancial reducción de la pena.
Galaz era funcionario de la municipalidad de Avellaneda y secretario privado del entonces intendente Dionisio Scarpín, luego electo Senador Nacional y ahora diputado provincial.
Una larga trayectoria de impunidad
En el norte santafesino hubo una docena de casos que nunca llegaron a ser juzgados o sí lo hicieron pero las sentencias fueron anuladas. Dentro de esos casos se pueden recordar, entre los más emblemáticos, el del niño Bungui Lopez encontrado muerto en una plaza de Reconquista con muestras de haber sido abusado.
El de Carmen Mabel Encina en Villa Ocampo. La joven abusado, descuartizada y cuyos restos desmembrados fueron hallados en el arroyo Los Amores.
O el triple crimen de los pescadores en Reconquista.
O inclusive la tragedia de los chicos del colegio Ecos en la ruta 11 a la altura de Margarita que después de multiples errores judiciales declararon la prescripción de la causa y sólo la incansable tarea de los padres que aquellos chicos lograron revocar esa situación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos y otra decena de casos se produjeron con el viejo sistema penal, cuyos funcionarios judiciales hoy ya no están en el sistema, pero no deja de tener un recuerdo amargo en los familiares de las víctimas.
En la actualidad
A partir de la reforma judicial se abrieron otras dudas sobre el accionar de fiscales y jueces que hoy están bajo investigación y supervisión.
Un repaso de los últimos años, basado en notas periodísticas, muestran un recurrente uso del instituto del juicio abreviado con acuerdos se sentencias ridículos a la mirada de la sociedad.
Al ya mencionado caso Galaz y al que tiene como protagonista al Fiscal Regional, Ruben Martinez, FM ACTIVA rescata estos otros casos:
En Noviembre de 2020 la Cámara de Apelaciones de Vera revoca una libertad condicional para un abusador que había sido condenado a 11 años de prisión.
En Junio de 2020 condenan a 6 años a una persona acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña de 8 años.
En Octubre de 2022 se condena con 6 años a una persona acusada de abusar en reiteradas oportunidades de su hija menor de edad. Un caso que llevaba 10 años en la justicia.
En Setiembre de 2022 la sentencia fue una probatión y una reparación económica pagaderos en 10 cuotas para una persona acusada de abusos sexuales simples a una menor de 13 años.
En Septiembre de 2022 se condena a un acusado de abusos sexuales agravados por la convivencia y encargado de la menor a 3 años de prisión condicional.
En Junio de 2022 un acusado de abusos sexuales gravemente ultrajantes y reiterados contra una niña de 6 años recibió una pena de 6 años.
En mayo de 2022 una persona acordó la pena de 7 años acusado por abusos sexuales con acceso carnal y promoción de la prostitución durante 2 años. La menor de 13 años victima de los abusos era la cuidadora de las hijas del abusador. El tribunal que lo condenó ordenó que siguiera en libertad hasta que la sentencia quedara firme, pero la Cámara de Apelación revocó esa decisión y dispuso que fuera a la cárcel.
Septiembre de 2022 una persona trans acuerda una pena de 3 años de ejecución condicional luego de abusar, con acceso carnal, y agredir en la vía pública a una menor de edad.
En Diciembre de 2022 se acuerda una pena de 6 años para una persona acusada de abusos sexuales reiterados con acceso carnal y cometida mediante violencia a una menor de 15 años.
En Noviembre de 2022 a una persona se le acusa de abuso sexual con acceso carnal, coacciones reiteradas, lesiones leves agravadas por el vínculo, daños y amenazas, violación de domicilio, desobediencia a mandato judicial, etc. En total 10 cargos y se acordó una pena de 6 años.
En Noviembre de 2022 un abusador condenado a 12 años de prisión recibe el beneficio de la domiciliaria por parte de la jueza Norma Senn. Esto fue revocado por la Cámara de Apelación que dispuso que cumpla su condena en la cárcel. más coacciones reiteradas..
En noviembre de 2022 una persona acuerda una pena de 5 años acusado de abusos sexuales ultrajantes y lesiones leves calificadas mediante violencia de género.
En Septiembre de 2023 una persona acusada de estupro y desobediencia a mandato judicial acuerda una pena de 3 años de ejecución condicional.
En Diciembre de 2023 un docente acusado de abuso sexual en seis casos en menores de 18 años agravado por su condición de encargado de su educación, fue absuelto por un tribunal integrado por los jueces Mauricio Martelossi, Claudia Bressan y Martín Gauna Chapero. Luego la Cámara de Apelación revocó ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión.
En Agosto de 2024 la Cámara de Apelación vuelve a revocar un fallo absolutorio del tribunal de primera instancia y condena a un abusador a 16 años de prisión.
En Mayo 2024 otra vez la Cámara revoca un fallo absolutario para un abusador y establece una pena de 6 años.
El mismo mes del mismo año nuevamente la Cámara revoca un fallo de primera instancia de absolución y condena a un abusador a 8 años.
En Junio de 2024 se conoció que una niña de 12 años que fue violada por su tío y producto de ello quedó embarazada, la inacción de la justicia del norte santafesino hizo que la causa prescribiera y quedara impune. El caso era llevado por el fiscal Alejandro Rodriguez.
Seguramente haya más casos, pero esto es sólo una muestra del preocupante funcionamiento de la justicia en el norte santafesino y basado únicamente en artículos periodísticos publicados por este medio y relacionados a casos de abuso sexual.
Esto también pasó en la justicia del norte santafesino
En 2019 fue removido de su cargo de juez mediante un jury, el Dr. Nicolas Musse Chemes. Se lo acusó de sentencias sexistas y contrarias a derecho.
En Diciembre de 2023 el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe resolvió la destitución de Ileana Judith Sínchez del cargo de Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia de los Tribunales de Reconquista.
La decisión del Tribunal, que se tomó por unanimidad, fue basada en varias conductas de incumplimiento reiterado, entre ellas malos tratos y afectaciones en casos de personas vulnerables, demoras en resolver causas, y trato arbitrario en denuncias por violencia de género y familiar.
En Noviembre de 2023 la asamblea legislativa suspendió al fiscal Aldo Gerosa por seis meses sin goce de sueldo por beneficiar a un abusador sexual (caso Galaz).
En Diciembre de 2023 el juez Gonzalo Basualdo logró evitar un jury de enjuiciamiento luego que Leonardo Peiti, condenado por el juego ilegal, había dicho que le pagó coimas al magistrado de Reconquista. El Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Fe consideró, por mayoría, que no estaba acreditada la denuncia.
