El Concejo Municipal dictó una nueva Ordenanza que lo prohíbe en todo el territorio de la capital provincial. Regirá para el uso aéreo y terrestre. En Rosario, la justicia ordenó que se controlen agroquímicos en frutas y verduras.
El Concejo Municipal santafesino sancionó una Ordenanza que establece la prohibición de la utilización y aplicación de Glifosato –en todas sus variantes- en todo el territorio de la ciudad de Santa Fe.
Votaron la modificación del artículo 2º prohibiendo “la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica I, II y del Glifosato en todas sus variantes dentro de la ciudad de Santa Fe. La misma prohibición se extiende a los productos fitosanitarios de clase toxicológica III y IV sólo para la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe como mecanismo de control de maleza.”
Al mismo tiempo, los concejales incorporaron un nuevo artículo a la Ordenanza 11.462 prohibiendo “la venta al por mayor y menor del compuesto glifosato en todas sus formatos y presentaciones comerciales dentro de la ciudad”.
En Rosario
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad.
La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos “a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275”.
