La Justicia seguía el caso de una red que fraguaba el pago de horas extras policiales. En medio de la investigación surgieron escuchas entre el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el comisario Adrian Rodriguez, hoy imputado en la causa. Los fiscales que investigaban fueron apartados y están imputados por una denuncia del Ministro.
Una investigación contra 300 efectivos de la Policía de Santa Fe que incluía a funcionarios de alto rango: esa era la investigación que llevaban adelante los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán por supuestamente fraguar el pago de horas extras, denominadas OSPE. Cometieron, así, una defraudación al Estado provincial.
La investigación avanzó y se intervinieron varias líneas telefónicas, una de ellas al sospechoso comisario Adrián Rodríguez. En una comunicación en septiembre de 2017 que éste recibió del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, le recuerda al oficial que está abierto el concurso para ascender en su cargo y le remarca que él va a ser el presidente del jurado.
Incluso, en otra comunicación, Pullaro le consultó su seudónimo a Rodríguez. No es casual la pregunta, pues en los concursos y ascensos a los policías se los identifica por seudónimo para evitar que a sabiendas de la identidad sean favorecidos a dedo.
Tras esa comunicación, los fiscales pidieron autorización para “pinchar” ese teléfono, que era una línea funcional que utilizaba Pullaro. Y de ahí saltan múltiples comunicaciones de éste con muchos otros, incluso el gobernador Miguel Lifschitz.
En octubre del año pasado, el comisario Rodríguez fue detenido por cohecho y cuando se iba a realizar la audiencia imputativa contra él hubo una reestructuración y el fiscal regional de Rafaela Carlos Arietti desplazó a Apullán del caso.
No sólo eso. Sino que Pullaro luego inició una denuncia penal contra Apullán y él y su colega fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y abuso de autoridad por ordenar una intervención al teléfono celular del ministro Maximiliano Pullaro.
La acusación contra Apullán es por haber falseado el contenido del pedido de intervención telefónica presentado el 29 de septiembre de 2017 ante el colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la Primera Circunscripción, al haber pedido una autorización judicial para que se ordenara la intervención de línea telefónica habiendo omitido informar al juez quién era la persona que la utilizaba, y teniendo conocimiento de que la línea telefónica en cuestión era utilizada por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
La escucha al teléfono asignado a Pullaro fue autorizada el 29 de septiembre de 2017 por el juez Nicolás Falkenberg.
Al comisario Adrián Rodríguez, le atribuyeron la “coautoría de los delitos de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por un funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público”.
