El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a la exportadora de cereales Vicentin y que buscará en el congreso la expropiación. Caída libre de la principal empresa de la provincia con origen en el norte santafesino. VIDEO.
“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúa funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente y agregó que se declarará a la empresa de interés público.
Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, es el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.
“Si hay evidencias de defraudación se harán las denuncias del acaso y lo llevaremos a la Justicia, pero queremos mantener en pie a un empresa muy importante”, aseguró el mandatario sobre versiones de la conducción privada de la compañía.
La administración pública nacional tomaría el control de, 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.
“Este es un tema que venimos trabajando desde hace días con la senadora Anabel, mi amiga, y con Matías Kulfas, trabajaron entre ellos a partir de una idea de Anabel, la idea de la intervención y de la expropiación del grupo. Con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión a YPF AGRO”, detalló el Presidente.
La referencia fue para la senadora Anabel Fernández Sagasti, también presente en la conferencia de presa quien aseguró: “Es una excelente noticia para todos los argentinos la decisión de poder rescatar a esta empresa que tiene que ver con la soberanía alimentaria de todos los argentinos. Así que por supuesto dispuesta a colaborar desde el Senado para que la ley que envíe pueda ser tratada prontamente. Es una herramienta fundamental para el Estado Nacional, una empresa testigo en sobre todo lo que tiene que ver con el mercado de granos y la industria alimenticia tan importante para la Argentina”.
La medida anunciada hoy había sido pedida por un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. Hace una semana Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco encabezaron una carta en donde pedían la nacionalización de la empresa frente a la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción.
Aún en concurso de acreedores, la compañía continua siendo una de las mayores agroexportadoras. Un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) presentado en marzo muestra que se encuentra en el puesto número seis, con 8,4 millones de toneladas exportados o un 9% del total de ventas externas agroindustriales.
