La Federación de Magistrados respaldó al juez del concurso de Vicentin y rechazó las declaraciones de Alberto Fernández. Hubo otro comunicado del Colegio de Magistrados de Santa Fe en el mismo sentido.
La Federación Argentina de Magistratura y la Función Judicial (FAM) respaldó en un comunicado al juez Civil y Comercial Nº2 de la ciudad de Reconquista que está a cargo del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, y rechazó las declaraciones de Alberto Fernández sobre su decisión de reponer en funciones al directorio de la empresa y nombrar a los interventores del Gobierno como simples veedores.
“Constituye un principio básico del Estado de Derecho el respeto a la independencia judicial y el acatamiento de las resoluciones de los órganos judiciales, resultando contrario a ello que se ejerzan presiones desde el Poder Ejecutivo nacional sobre lo que debe decidir un magistrado en una causa en trámite”, sostuvo la entidad que agrupa a 15.000 jueces y funcionarios judiciales de todo el país.
En el texto, la FAM “acompaña” al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe y “expresa su solidaridad con el Juez interviniente, poniendo a su disposición lo necesario a fin de garantizar a la ciudadanía que el trámite y las resoluciones que deban adoptarse en el marco de dicho proceso concursal tengan como respaldo la aplicación de la ley, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
“El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales establecidos por las normas fundamentales”, sostiene la entidad en el comunicado, que lleva las firmas de Ariel Ariza y Omar López, presidente y secretario respectivamente de la FAM.
Asimismo, el Colegio de Magistrados de Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe emitió otro comunicado en el que también expresó “su respaldo y solidaridad” al juez Lorenzini. En el texto, se señala que “la disconformidad con las decisiones jurisdiccionales emitidas o a emitirse en el marco de dicho proceso concursal -y respecto de las cuales este Colegio está impedido de ingresar a su análisis-, deben viabilizarse a través de los mecanismos recursivos que el propio legislador ha conferido para impugnarlas, conforme nuestro estado de derecho y el respeto al orden jurídico preestablecido”.
“Resulta esencial que la independencia para adoptar las resoluciones que correspondan en el marco de una causa judicial sea preservada por todos los actores implicados en el mencionado proceso, ya que de lo contrario podría erosionarse el principio de división de poderes propio de nuestro sistema democrático, en tanto la mencionada independencia del Poder Judicial se erige como una garantía de los ciudadanos para que sus derechos sean respetados”, se advierte en el comunicado.
