El gobierno de la provincia de Santa Fe dio por cerrada las negociaciones, en la segunda audiencia de conciliación que se llevó a cabo en el juzgado de Reconquista por la conducción de la agroexportadora en default. La justicia federal realizó un allanamiento en la sede de la empresa, aunque desde Vicentín negaron que eso haya sucedido.
El acuerdo se frustró al no aceptar los representante de la empresa las condiciones que quería imponer el gobierno provincial y el Ejecutivo nacional, que eran que los actuales directivos se apartaran de la conducción de la empresa y que transfieran las acciones a un fideicomiso en administración.
El consenso en torno al salvataje del gigante cerealero a través de un fideicomiso mixto, alternativa que alumbró la primera reunión entre las partes, fue diluyéndose en los últimos 15 días como consecuencia de algunos condicionamientos planteados por la actual gerencia que, en rigor, resultarían improcedentes para las autoridades santafesinas, en la previa de la segunda audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Reconquista entre funcionarios de la Casa Gris y directivos de la empresa.
“Lamentablemente no hemos podido acordar”, aseguró el Secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien indicó que las dos condiciones que pretendía llevar adelante tanto el Estado Nacional como la Provincia, era que “los directores actuales se apartaran inmediatamente de sus cargos y han decidido no hacerlo”, al tiempo que relató que “en relación a las acciones que pedíamos que sean transferidas en fideicomiso en administración tampoco se logra su cometido”.
Por este motivo, el Secretario de Justicia de la provincia admitió que “hemos decidido dejar aquí la negociación”, de marcar que esa es “nuestra línea de tolerancia”.
Y si bien destacó que durante el proceso el Juez, como rector del proceso, los puede convocar en cualquier momento, “es un capítulo cerrado”.
Por otra parte, la justicia federal realizó un procedimiento en la sede central de la empresa Vicentin, en Avellaneda, en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.
La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tiene por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales.
El vicepresidente del directorio de la empresa, Alberto Macua, desmintió que la empresa hubiese sido allanada.
