La presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe, Gisela Paolicelli, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública y denunció presiones políticas sobre el Ministerio Público de la Acusación.
“¿Hasta cuándo tanta impunidad?”, preguntó la presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe Gisela Paolicelli. El silencio que siguió después parecía subrayar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los “ataques sistemáticos” a sus colegas que investigan los delitos de cuello blanco en la provincia. “Quien investiga a corruptos termina perseguido y hostigado”, sintetizó el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona. Paolicelli denunció ayer ante la CIDH dos casos “paradigmáticos” en Santa Fe, como los llamó: la persecución del senador Armando Traferri a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que investigan una causa por corrupción. Y la represalia a los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack tras investigar a los senadores (por el “manejo arbitrario de subsidios, el desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito”) y otra megacausa (“un conjunto de estafas inmobiliarias y lavado de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político”)”. A comienzos de 2017, un pacto entre la Legislatura y la Casa Gris designó fiscal regional de Rosario a Patricio Serjal, quien desplazó a Narvaja y Mac Cormack de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y desmanteló el área, y seis meses después, en noviembre de 2017, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron -en horas- una “ley antifiscales” –impulsada por Traferri- que los dejó “absolutamente subordinados al poder político”. “Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, enfatizó Paolicelli. “Y a los fiscales de la provincia nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”. La causa de los senadores terminó en el archivo.
Paolicelli expuso ante la CIDH en una audiencia pública que dirigió su presidenta, Julissa Mantilla. Un relato cronológico de la represalia a Narvaja y Mac Cormack en 2017 y la persecución de Traferri a Schiappa Pietra y Edery, después que éstos pidieran su desafuero para imputarlo como supuesto “organizador de una organización criminal”, que el Senado rechazó, en diciembre de 2020. Los fiscales acompañaron a Paolicelli en su intervención –por zoom desde Rosario- y Narvaja incluso participó en el debate.
“Edery y Schiappa Pietra, hoy presentes en esta audiencia, denunciaron a un senador” y a un “fiscal regional”, dijo Paolicelli. A Traferri lo mencionó cinco veces, no por el apellido, sino por su cargo. Y a Serjal, por el puesto de poder al que renunció. La “evidencia” en la causa –dijo la presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe- “es contundente” y “demuestra que ellos junto con otros funcionarios integraban una organización y recibían dinero a cambio de permitir el juego ilegal en la provincia”.
“El fiscal regional (Serjal) quedó preso, fue imputado y acusado. Pero el senador (Traferri) no. Sus fueros lo impiden, no sólo tiene inmunidad de arresto sino que tampoco puede ser siquiera sometido a proceso. El desafuero se pidió ante el Senado y el Senado lo rechazó”. El 22 de febrero pasado, “la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sostuvo la ‘constitucionalidad’” de los fueros absolutos de Traferri. Y a partir de ese fallo, “la causa contra el senador” se frenó. “Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación hasta donde puede. Algunos coimputados ya resultaron condenados”.
“Y por supuesto, los fiscales ya fueron denunciados cuatro veces por el senador (Traferri). La Auditoría del MPA desestimó esas denuncias. Pero hay dos que aún están en manos de los legisladores”, alertó Paolicelli. Traferri denunció a Schiappa Pietra en noviembre de 2021, pero amplió esa denuncia ante la comisión de Acuerdos el miércoles pasado y lo anunció el jueves, en el pleno del Senado, 24 horas antes de que lo denunciaran a él en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La fiscal que desestimó la denuncia (a los fiscales) en el MPA” y “una jueza (Isabel Mas Varela) que participó en una de las audiencias, donde se acusó al senador también fueron denunciadas”, agregó Paolicelli.
“La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal, aún cuando fuese una denuncia sin fundamento o para desestimar y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”.
“En la provincia de Santa Fe, donde la violencia, el uso de armas de fuego, los homicidios se cuentan de a cientos, donde escasean recursos de todo tipo para hacer frente a la prevención y a la investigación de la criminalidad, las irregularidades en la utilización de los fondos públicos sigue siendo imposible de investigar. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?”, se preguntó Paolicelli.
Su colega de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona, dijo que los casos que se expusieron ante la CIDH, entre ellos los de Santa Fe, “demuestran que la corrupción ha llegado a tal punto de tener capacidad y medios para impedir investigaciones, trabar procedimientos y manejar la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con falsedades, inexactitudes y la intención de descalificar a quienes la investigan”.
“Cuando las imputaciones se dirigen al poder político, al crimen organizado, cuando un fiscal se compromete en la lucha contra la corrupción al más alto nivel, la respuesta del poder político es por afuera del sistema procesal: se ataca al fiscal”. “Ya se dijo en los casos presentados”, insistió Varona. “Si es necesario cambiar un procedimiento para sancionar o destituir un fiscal, así se hace. Si es necesario ampararse en fueros, así se hace. Si es necesario manipular la opinión de la ciudadanía, así se hace”. Quedó claro que hablaba de Santa Fe”.
Lo que se puede investigar y lo que no
La fiscal Gisela Paolicelli dijo que “los delitos económicos tienen una vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre, que están flagelando a la provincia de Santa Fe”. Lo señaló al denunciar el caso de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack que dirigían dos pesquisas “importantísimas”. “Una fue la llamada mecacausa, un conjunto de estafas inmobiliarias y lavados de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político”. Y la otra “la causa de los senadores” por el “manejo arbitrario de subsidios, desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito”
“Estas causas avanzaron y comenzaron a develarse verdaderas redes criminales”, relató. “A comienzos del año 2017 fue elegido para cubrir la vacante del fiscal regional de Rosario el fiscal Patricio Serjal, que contaba con un gran apoyo de un sector político y fue puesto en ese cargo para frenar de cualquier manera el avance de estas investigaciones. Y así lo hizo: desarmó la Unidad de Delitos Económicos, apartó a los fiscales (Narvaja y Mac Cormack). En la megacausa se aplicaron criterios de oportunidad a favor de los principales acusados y en la causa contra los senadores, un archivo”.
“Mientras estuvieron a cargo de estas investigaciones, Narvaja y Mac Cormack sufrieron todo tipo de hostigamientos. El Senado provincial hizo una denuncia ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura y los acusó de haber cometido irregularidades en otras investigaciones, donde tres instancias judiciales confirmaron que los fiscales habían actuado correctamente”, precisó Paolicelli.
Pero al margen de tratarse de denuncias grotescamente falsas, en ese momento la denuncia en la Legislatura no pudo prosperar porque la Legislatura no tenía facultades disciplinarias sobre los fiscales. La ley orgánica del MPA establecía un sistema de juzgamiento disciplinario con verdaderas garantías e imparcialidad de los juzgadores”, “protegía la independencia de los fiscales y no permitía que se ejerciera indebida presión sobre ellos”.
Entonces, ¿qué hizo la Legislatura? Modificó la ley. A finales del año 2017, en forma totalmente imprevista, sin debate previo, sin reflexionar sobre lo que estaban haciendo, por unanimidad se derogó el sistema disciplinario previsto originalmente por la ley orgánica, un sistema que cumplía con los estándares previstos en las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales. Un sistema mixto donde una Auditoría investigaba y un tribunal mixto juzgaba. La Legislatura arrasó con estas directrices y se atribuyó en forma exclusiva la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales por una única causal: el ‘mal desempeño’. Desplazó al juez natural, unificó a quien investiga y juzga, eximió a los votantes de tener que dar fundamentos escritos de sus decisiones y permitió que se debatiera sin quórum. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano. El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político. Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a los fiscales de Santa Fe nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”, cerró Paolicelli.
Policelli y también Narvaja respondieron preguntas de los comisionados de la CIDH. Ella recordó que la Legislatura sancionó la ley antifiscales en noviembre de 2017, en una “forma totalmente intempestiva” y se adjudicó la “facultad exclusiva de sancionar o remover a un fiscal” con una norma que “no prevé un debido proceso, ni tiene garantías mínimas”. El hecho ocurrió “justamente cuando los senadores eran investigados” por delitos económicos. Desde entonces, “cada fiscal de la provincia” sabe que si investiga al poder tiene “una espada de Damocles en la cabeza”.
Narvaja dijo que Serjal operó como fiscal regional de Rosario para “desarmar” la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, que él integraba con Mac Cormack. “Se había consolidado un equipo técnico y una oficina con capacidad para perseguir este tipo de casos”, pero “la desarmaron sin que esto prenda ninguna alarma” en Santa Fe.
Rosario/12
