Un ADN demostró que la niña abusada por Díaz no es hija suya, eso no implica que mejore su situación judicial. El rol de los defensores oficiales. AUDIO
Uno de los fiscales intervinientes en el caso de Manuel Díaz, Aldo Gerosa, explicó algunas circunstancias que se van dando en la evolución judicial del caso de abusos del empleado judicial sobre una menor. Al respecto dijo que en oportunidad de haber recibido los resultados de análisis sobre la ropa de la menor, en el caso de la violación ocurrida la noche del 25 de Junio, y que los mismos habían resultado positivos en cuanto a hallar ADN de Díaz, se le pidió al laboratorio encargado que precisara el tipo de fluido que se había hallado y allí la defensa introdujo el pedido de paternidad de Díaz con La menor. “Cuando llegaron esos resultados traían dos cosas. El primero, y el más importante para la fiscalía, es que era fluido seminal o sea semen de Díaz. El otro dato es que no es el padre de la menor”.
¿Atento a esto como queda la calificación de la imputación que se le hizo a Díaz?
– La última audiencia fue, precisamente, para cambiar la calificación. Sigue siendo el mismo delito, la misma agravante solo que ya no es el vínculo biológico, sino que es el vínculo jurídico y social creado por Díaz. Esto quiere decir que el vínculo de ser el padre biológico desaparece, pero queda subsistente el vínculo que era la persona encargada de la guarda, de la custodia y la educación de la menor, que además se puedo demostrar que tenía la tenencia judicial exclusiva y por lo tanto ese es el vínculo que ahora se le atribuye.
¿Cómo sigue la causa?
– Hoy se realiza la audiencia por lo que lo vamos a imputar por los hechos ocurridos el pasado 16 de Septiembre en la alcaidía de la U.R XIX. La planificación de la libertad coactiva contra la menor y la participación o intervención de las coacciones que ocurrieron antes para encerrarla con él en la unidad policial y posteriormente obligarla para que la menor diga lo que él había dicho que dijera.
La audiencia imputativa fue suspendida y deberá ser reprogramada debido a que no se hallaron defensores oficiales que pudieran estar presentes asumiendo el trabajo que venían realizando la Dra. Pierini y el Dr. Estévez que, a raíz de los hechos ocurridos el pasado 16 de Septiembre, han sido separados de las funciones que venían cumpliendo en la defensa de Díaz.
El rol de los defensores oficiales el 16 de Septiembre
El fiscal Aldo Gerosa dio una larga explicación en cuanto al rol que tuvieron los defensores oficiales aquel 16 se Septiembre cuando la menor, mediante un ardid, fue obligada a introducirse a la celda de Manuel Díaz en la Unidad Regional XIX.
A criterio del fiscal “Todo lo que ellos hicieron ese día y que hemos podido acreditar, por numerosos testimonios, por lo que dijeron en el acta de audiencia, por escritos que presentaron, por llamadas telefónicas que hicieron, por las antenas de teléfonos de celular que fueron tomando los teléfonos y que mostraban como iban llegando a Vera, es muy probable decir que la única explicación a eso es que hayan tenido conocimiento de alguna parte de lo que estaba pasando o pensaba hacer Díaz y pese a eso continuaron adelante con lo que ellos podían saber o tener una altísima sospecha que podía ser incorrecto.
Nosotros creemos que se está ante dos hechos posibles de coacción contra la menor. Uno a la salida de la alcaidía junto con las mujeres de la familia Díaz cosa que ya genera sospecha porque esas tres personas tenían intereses antagónicos claros con la menor. Pese a esto continúan con la parte del trabajo que ellos podían hacer, que era la solicitud de la audiencia y antes de la audiencia se da otra de las coacciones, posibles, que motivó que el Juez Basualdo sacara a la nena de al lado de los defensores porque había quedado con ellos, la estaban hablando y la nena había empezado a dar muestras de temor y de angustia según psicólogos y profesionales de la subsecretaria (de la niñez) que la estaban tratando. Hay muchos testigos que los vieron hablando con la menor, cosa que tenían prohibido hacerlo por orden del juez, a tal punto que fue el mismo juez el que los sacó.
También tenemos lo sucedido en la audiencia defendiendo los intereses de la menor, cuando la menor fue la que denunció a su defendido por lo tanto había una incompatibilidad clara.
Por otra parte hay una probable usurpación de funciones o de título en el sentido que se atribuyeron, en primer lugar, darle órdenes al personal policial de la alcaidía como si fueran una autoridad judicial competente o una autoridad policial superior competente para ordenarles, según algunos testimonios, hablándole en términos imperativos para que dejaran pasar a la familia Díaz.
También tenemos que estando con la niña deberían haberla llevado a la Subsecretaría de la niñez y no lo hicieron, no la llevaron al CAJ (Centro de Acción Judicial), no la llevaron a la fiscalía, sino que se la apropiaron ellos con la familia Díaz hasta que llegó la Dra. Zabala y la separa, pero luego, aparentemente, vuelven a intentar hablar con ella.
Esto nos lleva al último de los hechos que es una posible participación en el plan de privación ilegítima de la libertad y de coacción contra la menor para que cambie la declaración”.
