El caso lo tiene un juez de Reconquista que llamó a indagatoria al Intendente de Calchaquí, Rubén Cuello que, además, afronta otra causa por abuso de autoridad. AUDIO
El caso conocido como “El de las fotomultas” y que involucra a una empresa dedicada al rubro y denunciada en otras provincias del país y a funcionarios del gobierno municipal de Calchaquí, incluido el reelegido intendente Rubén Cuello, se inició en el mes de Julio del año 2011.
A poco más de cuatro años de la denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe el caso sigue dando vueltas por distintos escritorios judiciales.
Las primeras investigaciones estuvieron a cargo del entonces Juez de Instrucción de la Ciudad de Vera, Luis Octavio Silva, quién (según fuentes judiciales) cuando se disponía a hacer el llamado a indagatoria del Intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, y con muchos elementos recolectados dictar luego se procesamiento, fue separado del cargo y enviado a la ciudad de Santa Fe.
“El municipio cobraba multas fotográficas unilateralmente mediante un convenio de dudosa licitud con un empresa con sede en Buenos Aires”, había sostenido el ex Juez Silva por aquellos años.
En la investigación realizada por el juez Silva existe un material probatorio mediante el cual se pudieron constatar serias irregularidades, que podrían constituir delitos para quienes los cometieran.
Por Ordenanza Nº 829/06 del Concejo Deliberante, la ciudad de Calchaquí “adhiere a la normativa provincial y exige convenios con la autoridad de aplicación provincial”. Dicho pedido a la Agencia Provincial de Seguridad Vial quedó inconcluso el 10 de diciembre de 2007.
Con el ingreso de las nuevas autoridades municipales se celebraron “convenios -sin autorización provincial previa- suscriptos el 12 de noviembre de 2008”, que fueron rubricados por el intendente Rubén Cuello y el Secretario Institucional Fabricio Ocampo, con las empresas gerenciadoras y operadoras del sistema “Distribuidora Sertran SA” y “Extrategic Group SA”, representadas la primera por Alejandro José Abeliansky y la segunda por Virginia Mónica Guala.
La instalación y funcionamiento de los dispositivos automáticos se realizó a través de empresas que “no figura inscripta en el Registro de la APSV”. Ni siquiera los equipos contaban con el adecuado mantenimiento, ya que “por falta de las exigibles verificaciones periódicas y situación ilegal”, fueron precintados el 3 de noviembre de 2010 por el INTI-Córdoba para que no continúen funcionando.
Al menos en cinco oportunidades se cursaron “intimaciones a la Municipalidad para que por falta de autorización, cesen en los controles viales”.
Pero hasta allí nada fue cumplido por el municipio. “Las numerosas actas de infracción secuestradas en el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Calchaquí ventilan por sus fechas del año 2011, que los operadores del sistema violaron los precintos del INTI y siguieron procesando infracciones y persiguiendo multas”.
Un dato no menor es la “selección arbitraria y discriminatoria, orientada y direccionada a multar, exclusivamente al universo de usuarios foráneos o nacionales restantes que transitan por el segmento de la Ruta Nac. Nº 11 que atraviesa esa ciudad”.
Funcionarios de carrera del Poder Judicial indican que hubo presiones políticas para correrlo de su juzgado. FM ACTIVA intentó, en aquel momento, hablar con él, pero se negó indicando que ya no quería hablar más del tema y lo que tenía para decir ya estaba en el expediente.
Ahora en dialogo con FM ACTIVA el Fiscal de la Cámara de Apelación Penal de Vera, Roberto Mantaras indicó que la causa, por distintos motivos, se está tramitando en el juzgado de Instrucción de Reconquista, a cargo del Dr. Virgilio Palud. Además indicó que el reelecto intendente de Calchaquí afronta otra denuncia. En este caso por abuso de autoridad. ESCUCHA EL AUDIO.
