El exjefe de la zona Vera de Vialidad pidió por tercera vez ser absuelto en la causa en la que está acusado de “Fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales”. La Cámara de Apelación Penal de Vera deberá decidir. Si la rechaza deberá enfrentar el juicio en el que ya se admitieron las pruebas y los testigos.
Luis Alberto Tallarico fue imputado en Octubre de 2019 por “Fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con Malversación de caudales públicos e
Incumplimiento de los deberes de funcionario público todo en concurso real” mientras cumplía funciones como Jefe de la Zona VIII de Vialidad con asiento en la ciudad de Vera.
A fines de Noviembre de 2023 hizo el primer intento de absolución solicitando la prescripción de la causa. El juez que llevó adelante aquella audiencia fue Gustavo Gon y resolvió no hacer lugar al pedido del archivo jurisdiccional de la causa y aceptó sí la prescripción, por el tiempo transcurrido, de uno de los delitos que se le achacaban: el de desobediencia a un mandato judicial.
El segundo intento fue el pasado 19 de Marzo en oportunidad de realizarse la audiencia prelimiar, paso previo para la elevación del caso a juicio oral. Volvió a pedir su absolución y nuevamente fue rechazado por el juez Gustavo Gon.
En dicha audiencia se estableció ya los testigos de cada una de la partes así como también las pruebas que se expondrán durante el debate oral.
Dicha resolución volvió a ser apelada por la defensa de Luis Tallarico y la semana pasada se realizó la audiencia ante el juez de cámara Eduardo Bernacchia, quién en los próximos días dará a conocer la resolución sobre el pedido de absolución realizada por Tallarico o por el contrario la rechaza y permite que se avance en la realización del juicio oral y público al funcionario.
En caso que le vuelvan a rechazar el pedido será la Oficina de Gestión Judicial quién le ponga fecha a la realización de las audiencias y el juez que tendrá a su cargo el dictado de la sentencia.
Por lo pronto ya están establecidas la pruebas aportadas por la fiscalía, la querella y la defensa para exponer durante el juicio, así cómo también los testigos que cada una de las partes aportaron para que den sus testimonios durante el juicio. Entre ellos se encuentran empleados y exempleados de la repartición, presidentes comunales del departamento Vera, funcionarios provinciales y comerciantes.
Los hechos por los que se acusa a Tallarico
La imputación contra el funcionario se realizó en Octubre de 2019 y estuvo a cargo del entonces fiscal Gustavo Latorre. quién enumeró algunas de las irregularidades, entre las que se pueden destacar:
– Refacciones en la casa particular de Tallarico cuyo material era por orden y cuenta de Vialidad con autorización de la oficina de habilitación y pago en efectivo al albañil (menos de lo acordado) sin firmar recibo.
– Trabajos de pintura en el edificio sin solicitar presupuesto y pago en efectivo al pintor.
– Colocación de placas durlok en la casa donde habitaba y un departamento que está detrás y por las que se habrían adquirido una cantidad de placas superior a las efectivamente utilizadas.
La persona encargada del trabajo estimó que se utilizaron unas 62 placas durlok. Una constatación e inspección pedida por la fiscalía indicó que por los metros cubiertos se habrían necesitado unas 70 placas. Las adquisiciones realizadas en dos comercios de la ciudad ascienden a 120.
También puso la lupa en la reparación del motor de una motoniveladora. Indica que se pidieron tres presupuestos y se constató que los mismos eran de tres firmas de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) “siendo estos prácticamente idénticos en el texto del diagnóstico de los trabajos a realizar sobre la maquinaria, defiriendo solo en el costo de los servicios a prestar. Surge a las claras que las mismas fueron presentadas por una sola firma” indica el fiscal.
Al respecto informó que se realizó un peritaje sobre la motoniveladora y se constató que la mayoría de los trabajos (reparaciones) no fueron realizados.
Además describió la oposición de Tallarico para la realización del peritaje sobre el vehículo por lo que se debió solicitar la intervención policial para dar cumplimiento a lo ordenado por la fiscalía.
El Fiscal Latorre le atribuyó al jefe de la zona Vera de Vialidad, “haber permitido que el personal que presta servicios en el sector compras maneje con total autonomía y absoluta libertad la emisión de comprobantes que habilitan la compra y el retiro de bienes de distintos comercios de la ciudad de Vera y otras ciudades de la provincia, en nombre de la repartición”.
Haber sido informado de las irregularidades en los procedimientos en ocasión de una auditoría realizada en 2015 y empeorar la situación “causando un perjuicio económico y financiero a la DPV”.
Que “como Jefe de Zona decidía discrecionalmente en que comercio comprar, que bienes se debían adquirir, a que comercio se le debía abonar mensualmente, que monto y aprobaba las compras”.
