En un trámite express la legislatura santafesina aprobó elevar el número de miembros de 6 a 7 y fijar los 75 años de edad como tope para que dejen el cargo. De la actual composición, dos ya renunciaron y el único que no llega a esa edad es Daniel Erbetta.
Maximiliano Pullaro consiguió ayer en Legislatura la herramienta para remover a casi todos los ministros actuales de la Corte Suprema de Justicia, en especial al presidente, Rafael Gutiérrez, con quién ya tiene una guerra declarada. Sus alfiles diputados unidos lograron la aprobación de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para modificar el número de miembros del máximo tribunal, de los 6 actuales a 7, y fijar los 75 años de edad como tope para que dejen el cargo, hasta ahora casi vitalicio. El peronismo votó dividido, y el resultado entre 48 presentes fue 34 votos a favor, 12 negativos y solo la abstención de un legislador del bloque Somos Vida. Enseguida pasó al Senado y ahí fue un trámite exprés, donde el bloque justicialista se abstuvo y permitió así que la reforma sea ley.
El proyecto a pedir del Ejecutivo se nutrió de varios aportes, empezando por el del bloque Socialista, pero también el Ariel Bermúdez (Creo), de Palo Oliver, y del perottismo. Establece que la Corte deberá completarse con siete miembros, en paridad de género. Actualmente deberían ser 6, pero son 4 porque este año renunciaron la única mujer, María Angélica Gastaldi, y Mario Netri. Además, fija los 75 años como máxima edad para integrar ese tribunal. Ocurre que la Constitución provincial manda como tope los 65 años, pero por un caso extraordinario (el del ex juez Casiano Iribarren) todos los que siguieron saltearon esa regla y continuaron en sus poltronas.
El tratamiento salió exprés y luego de cambiar el orden de sesión en Diputados, así pasaba en el mismo acto al Senado y se hacía ley de una. Del tope de edad, fijado en 75 años, ahora solo se salva Daniel Erbetta, de buena sintonía con el Ejecutivo hasta acá. El resto no. Y una vez que la ley sea publicada en el Boletín Oficial, el gobernador tendrá las manos libres para impulsar la renovación de la Corte.
