Una familia sustituta denunció haber recibido una niña con signos de abuso sexual y haber recibido presiones de la repartición pública por la denuncia realizada. AUDIO
Una familia sustituta asegura haber recibido presiones y amenazas por parte de funcionarios de la repartición pública. El mes pasado, advirtieron un supuesto caso de abuso de la niña que cuidan, lo denunciaron en sede policial y a partir de entonces sufren el hostigamiento estatal.
Una beba de casi dos años que quedó bajo la tutela del Estado provincial pasó en los pocos meses de vida que cuenta por las manos de tres familias solidarias y, por una decisión de la Delegación Reconquista de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, podría quedarse nuevamente sin hogar.
Una denuncia policial realizada el 21 de mayo, por parte de su mamá sustituta, puso en guardia a la repartición pública, que apenas tomó conocimiento inició un sistemático hostigamiento que se extendió durante dos semanas, hasta que la mujer denunció el accionar del equipo interdisciplinario de Niñez ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La denuncia ante la Comisaría de la Mujer de la ciudad norteña se debió a que en un control médico de rutina, la pediatra que la atendió advirtió una lesión genital, que podría condecirse con un caso de abuso sexual de la niña que acababa de ser recibida por la nueva familia. El lunes 22 de mayo la mamá se dirigió a la subsecretaría para compartir con el equipo interdisciplinario la información brindada en sede policial el día anterior. En la reunión “me dijeron que me manejé mal, que no era nadie para presentar una denuncia”, dijo ante el Fiscal Aldo Gerosa, que tiene a su cargo tanto la investigación por un supuesto abuso como por el accionar del organismo público.
La mujer respondió una serie de preguntas respecto de cómo se dio cuenta, la fecha en que ocurrió, quién la revisó, etc.; al término de la cual le cuestionaron que “estaba todo mal hecho” y “que me iban a retirar la nena de mi casa”.
Bajo sospecha
“Les pedí que no se la lleven” que “lo había hecho por ella y mi familia”, sostuvo la mujer que reconoció que eso la dejó “pésimo de ánimo”. Asimismo “me fui a mi casa a preparar las cosas de la nena porque me la iban a llevar”, dijo.
Finalmente no le retiraron la beba, pero el miércoles posterior a la denuncia policial la llamaron por teléfono de un centro de asistencia legal para ofrecerle asesoramiento. Entonces “fui a preguntar a la subsecretaría de qué me tenía que defender” y le informaron que tenía prohibido el contacto con las familias sustitutas anteriores, “porque tanto ellos como nosotros éramos objeto de investigación si se comprobaba el abuso”, dijo en sede judicial.
“Me parece que no quieren que sigamos con esta investigación. Lo sentí como que querían que nos quedemos en el molde, me asusté. Me dijeron varias veces que era posible que me la retiren del hogar”, agregó la mamá sustituta en una presentación realizada en el MPA el primer sábado de junio.
Su versión fue ratificada la semana pasada por su pareja, que incluso contó que grabó con su celular una de las visitas de asistentes sociales de Niñez, en la que de mal modo eran interpelados a entregar a la niña.
En dicho encuentro, una de las trabajadoras de Niñez les dijo que tenía una orden fiscal de retirar a la nena. Entonces le pidieron el nombre del fiscal, que le mostrara el oficio; sólo entonces la asistente social le dijo que en realidad “era decisión del equipo”. Y el día previo a radicar la denuncia en Fiscalía nuevamente fueron a buscarla. “Me sentí amenazada” contó. “Yo les pedí una orden judicial” y le dijeron que “no la necesitaban”, por eso con un abogado decidimos presentar una medida de protección extraordinaria de la menor ante el Juzgado de Distrito de Familia, a cargo de la jueza Ileana Judit Sínchez.
Como respuesta “me dijeron que estaba ‘mal asesorada’ y me amenazó con que me iban a hacer una demanda”, y la volvieron a emplazar para que entregase a la nena. Dijeron “que me iban a allanar el domicilio y me iban a derribar la puerta si no estaba”. También “me dijo que ellos eran el Estado y tenían todos los derechos sobre la nena”, relató la mujer, cuyo objetivo “no era la adopción” -asegura- pero “no quería que retiraran a la nena, porque el avance que había tenido lo iba a perder”.
Médico forense
Ante las sospechas de un posible caso de abuso sexual, la niña debía ser atendida por un médico forense que pudiera confirmar o descartar la posibilidad de abuso. No obstante, el forense oficial de Reconquista se abstuvo de participar del examen por su relación con el resto de los profesionales que atendieron a la menor y no advirtieron o no denunciaron los hechos. Como consecuencia, la niña deberá viajar a la capital provincial para una revisión integral, según refirieron fuentes del caso.
Audio del Fiscal Aldo Gerosa en diálogo con LT10
