Falló el intento de Zancada para zafar de la justicia
El Juez de Reconquista denegó la posibilidad de archivar la causa del unimogate. AUDIO
El Juez Gonzalo Basualdo denegó la pretensión de archivar la causa conocida como “UnimoGate” como pedía el abogado defensor de Pablo Zancada alegando que habían transcurrido seis meses desde la imputación sin que el expediente tuviera movimientos.
El Dr. Raul Elías entendía que al haber pasado más de 6 meses de la audiencia imputativa y que no se produjeran avances, el caso debía pasar a archivo. “Estamos en la investigación preparatoria, pero ya ha pasado el plazo. No podemos esperar indefinidamente a que una persona sea sometida a juicio” sostuvo el letrado.
Hace 10 días el abogado querellante, Dr. Andres Ramseyer, en dialogo con FM ACTIVA había rechazado esa pretención indicando que no tenía ningún sustento jurídico.
En la audiencia realizada el lunes en los tribunales de Reconquista, el Juez penal Gonzalo Basualdo, rechazó la pretención del abogado del Sr. Plín Plín por entender que la causa tiene movimientos permanentes.
Vale recordar que el fiscal del caso, Dr. Aldo Gerosa, realizó la acusación correspondiente a los efectos que la causa sea elevada a juicio. En el mismo sentido se ha expresado la querella, la comunidad aborigen de la localidad de Los Laureles.
Pablo Zancada está acusado de defraudación al Estado provincial; peculado; abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso,luego de haber recibido un subsidio de $478.000, mediante un ardid engañoso, para la compra de un camión Unimog. También recibió esos cargos el contador Roberto Fumo, funcionario dependiente de su estrecha confianza, por complicidad. Los hechos que se les atribuye sucedieron cuando ambos estaban a cargo de la Estancia Las Gamas.
La diferencia entre las acusación del fiscal y la querella es que el primero pide una pena de prisión en suspenso e inhabilitación por un determinado tiempo por el ejercicio de la función pública. En tanto los querellantes solicitaron prisión de cumplimiento efectivo (4 años y 6 meses) y la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.