La C\u00e1mara Penal de apelaciones de Vera rechaz\u00f3 un recurso de nulidad presentado por la defensa de los ex funcionarios en la causa por las irregularidades en la compra de un unimog cuando ambos estaban en la estancia Las Gamas en el gobierno de Antonio Bonfatti.<\/p>\n
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La C\u00e1mara Penal de Apelaciones resolvi\u00f3 “no hacer lugar” al recurso de nulidad y apelaci\u00f3n planteado por la defensa de los imputados, y dispone la continuidad del proceso judicial, lo que pone al exfuncionario del gobierno provincial del Frente Progresista, en las puertas del juicio oral y p\u00fablico. Junto a Pablo Zancada est\u00e1 sometido a proceso quien era su colaborador, un empleado administrativo del gobierno provincial, Roberto Fumo.<\/p>\n
El 14 de octubre de 2020, el Juez Penal del Distrito Reconquista, Gonzalo Basualdo, hab\u00eda resuelto rechazar el pedido de sobreseimiento por el delito del uso de documentos privados falsos y abuso de autoridad, y por lo tanto avanzar con el proceso rumbo al juicio. Eso fue apelado por los defensores Ra\u00fal El\u00edas y Jorge Salum, y rechazado por la C\u00e1mara, con la firma del Dr. Jos\u00e9 M\u00e1ntaras.<\/p>\n
El fiscal Aldo Gerosa se opuso a la pretensi\u00f3n de los defensores alegando que Zancada, como Director del Establecimiento La Gamas y Coordinador de los bajos submeridionales; y Fumo, como miembro del Tribunal de Cuentas que aprob\u00f3 la compra del cami\u00f3n Unimog, gestion\u00f3 el subsidio para la comunidad aborigen de Los Laureles retirando $428.000.- por la ventanilla del Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal Romang, y el cami\u00f3n comprado no val\u00eda m\u00e1s de $128.000.-, pero lo facturaron en $448.000.- presentando una factura confeccionada a mano con fecha 28 octubre 2015, emitida por un se\u00f1or de apellido Mainero que no vende camiones; y adem\u00e1s ese cami\u00f3n Unimog estaba a nombre de otra persona domiciliada en Reconquista. Sostuvo el fiscal que Mainero no vendi\u00f3 ni cobr\u00f3 ese dinero, por eso la factura acredita un hecho falso, de una operaci\u00f3n que nunca existi\u00f3, porque no existi\u00f3 la venta, la fecha, ni el precio, tal como lo reconoci\u00f3 el se\u00f1or Mainero, quien declar\u00f3 que a ese cami\u00f3n lo llevaron a su empresa para que un t\u00edo de \u00e9l le haga un arreglo electr\u00f3nico. Remarc\u00f3 el representante del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n que hay dos facturas, una del 15 de octubre de 2015 y otra del 29 de abril de 2016, o sea, por el mismo cami\u00f3n, dos facturas de empresas distintas, y la \u00faltima, cuando el rodado ya estaba registrado ante el Registro de la Propiedad Automotor a nombre de la comunidad aborigen.<\/p>\n
Sostuvo el fiscal que en el juicio va a demostrar que mediante falsedad se indujo a error a la administraci\u00f3n p\u00fablica. Record\u00f3 que el cami\u00f3n estaba a nombre de un empleado del servicio de emergencias 107.<\/p>\n
El fiscal remarc\u00f3 el abuso de autoridad por parte de Zancada, quien hizo llevar el cami\u00f3n a la estancia Las Gamas, pese a estar el cami\u00f3n a nombre de la comunidad aborigen, y luego lo puso a nombre de un particular empleado al servicio del 107.<\/p>\n
Tambi\u00e9n reproch\u00f3 el fiscal que el Tribunal de cuentas “dej\u00f3 pasar en forma muy r\u00e1pida” la aprobaci\u00f3n con facturas de distintas fechas y distintos proveedores.<\/p>\n
Con estos y otros argumentos, el Dr. Gerosa, en consonancia con la querella, pidi\u00f3 a la C\u00e1mara Penal de Apelaciones que rechace el recurso y confirmar lo resuelto en primera instancia; y as\u00ed se resolvi\u00f3, lo que dej\u00f3 al exfuncionario y quien fuera su colaborador administrativo en las puertas del juicio oral y p\u00fablico.<\/p>\n
El querellante Andr\u00e9s Ramseyer (quien act\u00faa en nombre de la comunidad aborigen que Zancada us\u00f3 para sacar el dinero de las arcas del estado para usarlo con otro fin), agreg\u00f3 que la comunidad descubri\u00f3 la maniobra cuando se enter\u00f3 que ten\u00edan deudas por patentes de un rodado que nunca tuvieron.<\/p>\n
En su fallo, la C\u00e1mara Penal menciona que “el Tribunal Administrativo, cuya principal misi\u00f3n es nada menos que aprobar o desaprobar la percepci\u00f3n e inversi\u00f3n de los caudales p\u00fablicos y declarar las responsabilidades que resulten, ha apresurado, sin motivo alguno, o que al menos se pueda razonablemente justificar, la aprobaci\u00f3n de los fondos confiados, m\u00e1xime si tenemos presente que contaban con el pleno conocimiento de que el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, MPA, estaba realizando tareas investigativas por sospechas fundadas en la tramitaci\u00f3n y adquisici\u00f3n del cami\u00f3n “Unimog”, circunstancia que, aplicando los criterios vinculados a las cuestiones previas y\/o prejudiciales impon\u00eda, responsablemente en la especie, estar a resultas de la causa penal cuyo inicio databa del 26 de octubre de 2016, y no, como en el caso, aprobar sin que “…en modo alguno significa liberar de responsabilidad administrativa patrimonial a los cuentadantes o a los terceros, si como consecuencia de otros procedimientos se manifestaren otros elementos probatorios, errores o falsedades en la documentaci\u00f3n considerada conforme al art\u00edculo 218\u00b0 de la Ley 12.510…”, norma \u00e9sta que solo es aplicable a los aspectos formales, m\u00e1s no cuando mediaban cuestiones penales que hac\u00edan procedente suspender provisoriamente el pronunciamiento y\/o adopci\u00f3n, entre otras disposiciones, de lo previsto en los arts. 228, 230 sig y conc. de la Ley 12.510.<\/p>\n
La causa va rumbo al juicio por los delitos de uso de documento privado falso y abuso de autoridad.<\/p>\n
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