Se produjeron en San Luis, San Juan, La Rioja y Salta tras las marchas del 3 de Junio del “Ni Una Menos”.<\/p>\n
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La marcha de Ni Una Menos termin\u00f3 el 3 de junio en San Luis con \u201cuna cacer\u00eda\u201d. El punto final era la ex terminal y fue all\u00ed donde les manifestantes fueron detenides, oblig\u00e1ndolas a mostrar sus documentos de identidad sin explicaciones, o con mensajes contradictorios. \u201cLa Polic\u00eda de la Provincia de San Luis realiz\u00f3 trabajo de inteligencia para identificar a las personas que fueron part\u00edcipes de la marcha. Efectivos policiales, parte de ellos vestidos de civil y utilizando autos sin identificaciones institucionales\u201d, realizaron la tarea, seg\u00fan denunciaron diferentes organizaciones. \u201cNos recuerda a la \u00faltima dictadura c\u00edvico militar eclesi\u00e1stica, uno de los momentos m\u00e1s oscuros y sangrientos de la historia reciente argentina, plagado de persecuci\u00f3n y miedo\u201d, dijeron desde el movimiento feminista de San Luis, que este a\u00f1o ser\u00e1 sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, no binaries e intersex.<\/p>\n
Dos j\u00f3venes del colectivo LGTBIQ+ fueron llevados a la comisar\u00eda primera, donde permanecieron durante horas. \u201cEs grave la criminalizaci\u00f3n de la protesta porque no es la primera vez que nos sucede\u201d, dijo Alejandra Rizzo, de la colectiva feminista Aquelarre de aquella provincia. El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, asegur\u00f3 que se hab\u00edan abierto nueve causas. Algo parecido pas\u00f3 en San Juan, tras la marcha del 8 de marzo: cinco personas fueron acusadas por da\u00f1ar un monumento hist\u00f3rico debido a pintadas en el Colegio Normal Sarmiento, que ya estaba lleno de graffities. Cuatro fueron indagadas. \u201cEsto es disciplinador\u201d, consider\u00f3 una integrante del movimiento feminista sanjuanino que pidi\u00f3 reserva de su identidad.<\/p>\n
Durante el \u00faltimo fin de semana, la casa de la periodista de La Rioja, Manuela Calvo, fue allanada por orden de la jueza de Instrucci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero y protecci\u00f3n integral de Menores Mar\u00eda Eugenia Torres. Su material de trabajo fue incautado, sin que le dijeran de qu\u00e9 se la acusa. Ya le hab\u00edan impedido estrenar su documental sobre el caso Arco\u00edris y difundir cualquier informaci\u00f3n sobre la nena -hoy de seis a\u00f1os- que fue obligada a revincularse con su familia paterna, a\u00fan a riesgo de que su abuelo volviera a abusar sexualmente de ella.<\/p>\n
La m\u00e9dica residente en el Hospital Juan Domingo Per\u00f3n de la ciudad de Tartagal, Salta, Miranda Ruiz sigue imputada por \u201caborto sin consentimiento\u201d, luego de intervenir en la realizaci\u00f3n de una Interrupci\u00f3n Legal del Embarazo (ILE). La enumeraci\u00f3n resulta abrumadora: la embestida criminalizadora se espirala mientras se multiplican los discursos de derecha, la justificaci\u00f3n de las violencias, la promesa de recortar los derechos ya conquistados.<\/p>\n
Las12 consult\u00f3 sobre lo ocurrido en San Luis, San Juan y La Rioja a la coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS, Vanina Escales. \u201cEn los tres casos estuvimos en contacto con referentas, abogadas, periodistas locales para entender cada situaci\u00f3n. Si bien son todas distintas comparten una impronta de amedrentamiento\u201d, expres\u00f3 Escales.<\/p>\n
As\u00ed lo sienten las activistas. El antecedente m\u00e1s inmediato es San Juan. \u201cLas compa\u00f1eras han sido citadas, y han sido indagadas, y est\u00e1n pendientes de ser procesadas o sobrese\u00eddas. La acusaci\u00f3n es por una pintada en el colegio normal Sarmiento, que es monumento nacional y provincial, en el marco del 8M. All\u00ed acusan con el c\u00f3digo penal, el art\u00edculo 184, como da\u00f1o al monumento nacional y provincial. Es patrimonio de la provincia\u201d, cuenta una activista del movimiento feminista.<\/p>\n
La escuela fue fundada en 1879 y declarada Monumento Hist\u00f3rico Nacional en 1999. \u201cEsto depende del poder ejecutivo. El querellante, desde la perspectiva de derechos humanos, es el estado\u201d, agreg\u00f3 la compa\u00f1era. La denuncia fue realizada por el \u00e1rea de Patrimonio de la provincia y por Educaci\u00f3n, en forma conjunta. El director de Patrimonio Jorge Mart\u00edn se present\u00f3 ante la fiscal\u00eda N\u00b0 2 por da\u00f1o agravado, y la jueza Mabel Moya, llev\u00f3 adelante las medidas del Segundo Juzgado de Instrucci\u00f3n.<\/p>\n
El secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga, asegur\u00f3 en diferentes medios de comunicaci\u00f3n provinciales que un grupo de 20 mujeres hab\u00edan sido identificadas por las c\u00e1maras de seguridad del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). Quienes accedieron al expediente, vieron fotos con los rostros marcados con un c\u00edrculo. \u201cComo parte de la situaci\u00f3n en la que se encuentran, les compa\u00f1eres est\u00e1n siendo hostigadas, y algunes tienen miedo. Estamos irritades, indignades e inmovilizades, y no estamos pudiendo hacer lo que sabemos hacer, que es acompa\u00f1ar situaciones de violencia y abrazar a personas que sufren tantas situaciones de violencia que nos encontramos hace tiempo\u201d, expres\u00f3 la activista, quien record\u00f3 que los colectivos feministas abogan por el cumplimiento de las leyes 26 485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la 27.610, que establece el acceso a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo.<\/p>\n
La activista sanjuanina de Ni Una Menos consider\u00f3 que el gobierno debi\u00f3 \u201cllamar al di\u00e1logo\u201d. \u201cNo llam\u00f3 al di\u00e1logo, e incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de respetar el derecho de la libre expresi\u00f3n y cuidar a les defensores de derechos humanos de no ser perseguides y hostigades. En su lugar, nos intimid\u00f3, nos persigui\u00f3, nos criminaliz\u00f3, imput\u00e1ndonos delitos que no existen\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n
Al mismo tiempo que circula un documento de repudio con la firma de cientos de organizaciones para repudiar la criminalizaci\u00f3n de la protesta, el Consejo Provincial de las Mujeres, G\u00e9neros y Diversidades de San Juan, del que participan los tres poderes del Estado, public\u00f3 un comunicado el 23 de mayo en el que plantea \u201cque es ileg\u00edtimo investigar a organizaciones sociales feministas e indagar a sus referentes ejecutando limitaciones a la protesta social no previstas en la ley y menos a\u00fan de manera expresa, taxativa, precisa y clara\u201d, considera que el gobierno y la Justicia tienen \u201cla obligaci\u00f3n de gestionar el conflicto social mediante el di\u00e1logo\u201d y que \u201cla criminalizaci\u00f3n de la protesta no s\u00f3lo puede afectar los derechos pol\u00edticos y el derecho de libertad de expresi\u00f3n, de reuni\u00f3n y la libertad de asociaci\u00f3n que en conjunto hacen posible el juego democr\u00e1tico; sino que, afecta derechos fundamentales de las mujeres y disidencias como el derecho a su integridad f\u00edsica, a la seguridad personal y a su libertad porque cuando se nos constituye como un \u2018enemigo p\u00fablico\u2019, se cierran los lazos de empat\u00eda para nuestras demandas y reivindicaciones\u201d. Desde este organismo estatal consideran \u201csensato y coherente cesar las acciones contra militantes de organizaciones sociales de San Juan\u201d.<\/p>\n
Para la activista que convers\u00f3 con Las12, es importante se\u00f1alar que \u201ca les compa\u00f1eres les endeudaron, porque hay que pagarles a los abogados\u201d. Y al mismo tiempo subray\u00f3 que las est\u00e1n \u201cconstruyendo de una manera determinada, nos est\u00e1n demonizando\u201d. Por eso pide que \u201cla sociedad reflexione\u201d frente a los abandonos del Estado, en lugar de ponerse de forma autom\u00e1tica en la defensa de los bienes inmuebles, como ya pas\u00f3 en Rosario, en 2016, cuando el final del entonces Encuentro Nacional de Mujeres, la gran discusi\u00f3n fue el estado de las paredes tras una multitudinaria marcha de m\u00e1s de 100 mil personas. En San Juan, la marcha del 8M fue \u201cespectacular\u201d, de masiva convocatoria. Fueron entre 9000 y 25 mil personas, seg\u00fan las diferentes estimaciones de los medios de comunicaci\u00f3n. \u201cFue espectacular la convocatoria\u201d, subray\u00f3 la activista consultada por Las 12.<\/p>\n
La cacer\u00eda puntana
\nEn San Luis, el relato de Alejandra Rizzo, de la Colectiva Aquelarre, refleja la \u201cpersecuci\u00f3n\u201d a las compa\u00f1eras que participaron de la marcha. \u201cAlgunos estaban vestidos de polic\u00eda y otros de civil. Uno de ellos se pis\u00f3, necesitamos los datos de ustedes porque hubo disturbios y necesitamos saber qui\u00e9nes son, pero el otro se dio cuenta de que eso era una barbaridad y dijo que era solamente para un control de rutina.<\/p>\n
“Ah\u00ed nos dimos cuenta de que lamentablemente fue como una cacer\u00eda y no nos explicaban para qu\u00e9 quer\u00edan los datos\u201d, relat\u00f3 la activista. En ese contexto, detuvieron a dos integrantes del colectivo LGTBIQ+ que pertenecen al centro de estudiantes de la Universidad de San Luis. \u201cSe los llevaron a la comisar\u00eda primera, los tuvieron ocho horas, les agarraron los celulares, les borraron todo lo que ten\u00edan, y despu\u00e9s, por la presi\u00f3n que hicimos en la puerta de la comisar\u00eda, los largaron como a las 3 de la ma\u00f1ana\u201d, sigui\u00f3 el relato Alejandra, que integra la colectiva Aquelarre.<\/p>\n
Aquelarre, junto a otras organizaciones , reclaman justicia por el femicidio de Florencia Magal\u00ed Morales, que viv\u00eda en Santa Rosa de Conlara con sus hijos de 11 y 7 a\u00f1os, y con su nieta de 2. El 5 de abril de 2020 fue detenida por haber violado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y la encontraron ahorcada en la comisar\u00eda 25. Tambi\u00e9n reclaman justicia por Johana Galdeano, que fue asesinada a balazos por su ex pareja, Juan Carlos Solalinde, padre de su \u00fanico hijo y secretario general de la Uocra en Villa Mercedes. Adem\u00e1s, se movilizan por la desaparici\u00f3n de Guadalupe Lucero, la nena de 5 a\u00f1os que fue vista por \u00faltima vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. \u201cVenimos denunciando la ineficacia de parte del gobierno provincial\u201d, dice Alejandra.<\/p>\n
El relato es estremecedor. \u201cA las pibas las acorralaron con tres motos en un pasaje, y ah\u00ed empezaron a pedirles la identificaci\u00f3n\u201d, cuenta la activista, quien describi\u00f3 que \u201cen las marchas hay infiltrados\u201d.<\/p>\n
Como siempre, la excusa para criminalizar son las manifestaciones contra instituciones como la Catedral o el poder judicial. \u201cEstas protestas son por toda la violencia que se ejerce desde estas mismas instituciones que nos oprimen. Y las autoridades, incluso la secretaria de Mujeres, Diversidad e Igualdad, Ayel\u00e9n Masina, sale a repudiar las paredes pintadas. De lo \u00fanico que terminan hablando es de gesti\u00f3n menstrual, mientras se vive un alto grado de violencia estructural y tambi\u00e9n econ\u00f3mica\u201d, consider\u00f3 la integrante de la colectiva Aquelarre. Asegur\u00f3 que hablaron con \u201ccompa\u00f1eras que reciben el plan social y no las dejan denunciar, las amenazan con dejarlas sin su \u00fanica fuente econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n
Para Rizzo, \u201chay todo un servicio de inteligencia que se est\u00e1 armando\u201d contra las activistas que no se \u201cquedan calladas\u201d. \u201cTodos siempre le echan la culpa al poder judicial, pero \u00bfqu\u00e9 est\u00e1 haciendo el estado? La cana te pide el n\u00famero de tel\u00e9fono y te hostiga. Te acosan y cuando acompa\u00f1as denuncias, las que trabajan adentro de la secretar\u00eda le avisan al violento\u201d, sigue el relato de Alejandra Rizzo.<\/p>\n
En el comunicado contra la violencia policial que circul\u00f3 despu\u00e9s de la represi\u00f3n del viernes pasado, las organizaciones feministas hacen \u201cresponsable al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodriguez Saa, de lo que pueda sucedernos a quienes formamos parte de este colectivo\u201d.<\/p>\n
Para el CELS, \u201cen el caso de San Luis, producir demoras o detenciones en las inmediaciones se parece bastante a lo que pas\u00f3 el 8M de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, aunque no hayan prosperado causas judiciales, como s\u00ed pas\u00f3 en el caso de San Juan. Ac\u00e1 comprobamos que la provincia no respeta el derecho a la protesta, ya que la criminaliza\u201d. Vanina Escales subray\u00f3 que \u201ces una persecuci\u00f3n muy dirigida contra el movimiento feminista. Digamos, tambi\u00e9n, que son justamente estas activistas quienes todos los d\u00edas contienen y acompa\u00f1an casos de violencia o acceso a derechos, no el Estado. Ac\u00e1 el Estado aparece con fines de estigmatizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Acallar las denuncias
\nEn La Rioja, el allanamiento a la periodista Manuela Calvo -que el suplemento La Rioja12 inform\u00f3 desde el primer momento- tiene como trasfondo la causa judicial de Arco\u00edris, la nena de seis a\u00f1os que fue obligada una y otra vez a revincularse con su familia paterna. En esas visitas, deb\u00eda mantener contacto con su abuelo, que la abus\u00f3 sexualmente cuando era chica, y volvi\u00f3 a hacerlo a\u00fan despu\u00e9s de las denuncias iniciales. Manuela hab\u00eda producido un documental sobre abuso sexual contra las infancias pero la jueza Torres le impidi\u00f3 estrenarlo. El domingo 4 de junio la allan\u00f3 con la excusa de que hab\u00eda seguido difundiendo el caso, aunque sin pruebas de esa \u201cdesobediencia\u201d.<\/p>\n
\u201cEl caso de La Rioja es muy delicado porque va m\u00e1s all\u00e1 y directamente establece censura a la prensa. Es inaceptable en un r\u00e9gimen democr\u00e1tico\u201d, plante\u00f3 Escales, del CELS.<\/p>\n
El pedido de justicia por Arco\u00edris se nacionaliz\u00f3 en abril pasado, despu\u00e9s de las decisiones judiciales que obligaban a la mam\u00e1 de la ni\u00f1a a entregarla a la familia paterna. Como ya se cont\u00f3 en Las12, hubo incluso una agresi\u00f3n f\u00edsica contra la abuela materna de Arco\u00edris. En las \u00faltimas semanas, el padre denunci\u00f3 la desaparici\u00f3n de la nena, y el poder judicial de La Rioja emiti\u00f3 un comunicado de pedido de paradero con la foto de la ni\u00f1a en primer plano, adem\u00e1s de todos sus datos. Otra violaci\u00f3n a su integridad (en este caso, el derecho a la intimidad). Con la difusi\u00f3n nacional, la ni\u00f1a pudo ser recibida el domingo pasado por profesionales de la direcci\u00f3n nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Gabriela Diana Carpineti.<\/p>\n
La mam\u00e1 de la nena expres\u00f3 que posee tres denuncias por presuntas situaciones de abuso sexual que habr\u00edan sido perpetradas por el abuelo paterno en perjuicio de la ni\u00f1a. Asimismo, manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el tr\u00e1mite dado a estas denuncias ya que no posee informaci\u00f3n al respecto y, por tanto, su hija se ve expuesta a la posibilidad de mantener contacto con aquel, en ocasi\u00f3n de cumplir con el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n con el padre.<\/p>\n
La nena, en reiteradas oportunidades, ha manifestado su deseo de no dirigirse al domicilio paterno y no mantener vinculaci\u00f3n con su abuelo. \u201cEn virtud de lo expuesto y, dadas las complejidades que reviste el caso, teniendo en cuenta la larga trayectoria judicial para abordar la situaci\u00f3n de la ni\u00f1a, como as\u00ed tambi\u00e9n los videos aportados respecto de situaciones de violencia ejercida sobre la abuela materna y la ni\u00f1a, esta profesional concluye que son justificados los temores de la madre sobre la integridad de su hija. Asimismo, se corrobora que la intenci\u00f3n de la progenitora es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de su hija\u201d, expres\u00f3 la abogada del CAJ.<\/p>\n
Finalmente, esta misma semana, una resoluci\u00f3n del Juzgado Civil 103 del Poder Judicial de la Naci\u00f3n prohibi\u00f3 el acercamiento del padre a la ni\u00f1a y a su mam\u00e1 en cualquier lugar donde se encuentren. “Desde el Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n se informa que la ni\u00f1a habita en una casa que est\u00e1 bien y se acreditan todos los derechos de la ni\u00f1a. Hay una resoluci\u00f3n del Poder Judicial de la Naci\u00f3n, en donde la Oficina de G\u00e9neros de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n establece prohibir el acercamiento del denunciado, proh\u00edbe el contacto con la madre y la menor. Yo anoche di conocimiento a la comisar\u00eda de esta resoluci\u00f3n, no s\u00e9 si ya fueron notificados”, afirm\u00f3 la abogada \u00c9lida Barrera a La Rioja\/12.<\/p>\n
El trasfondo de este caso es la relaci\u00f3n del imputado, el abuelo de la nena, con Karina Becerra, actual integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Rioja y sobrina del gobernador Ricardo Quintela. Por eso, debieron intervenir organismos nacionales.<\/p>\n
Mientras tanto, la acci\u00f3n de Torres contra la periodista Manuela Calvo \u201ces un amedrentamiento\u201d, consider\u00f3 la tambi\u00e9n periodista de la Red Par de la Rioja, Antonella S\u00e1nchez Maltese. \u201cHab\u00eda una orden de allanamiento para ella, para m\u00ed, para la abogada. Terminamos siendo todas mujeres\u201d, dijo la profesional.<\/p>\n
El abogado de la familia paterna de la nena es Emilio Pagotto, quien acus\u00f3 a la fiscal Nadia Schargrodsky, de actuar \u201cen base a una ideolog\u00eda de g\u00e9nero y no jur\u00eddicamente\u201d.<\/p>\n
Mientras tanto, a Calvo le secuestraron la computadora, el celular y todos sus instrumentos de trabajo, donde hay archivada mucha de la informaci\u00f3n que maneja como integrante de la Asamblea Ni Una Menos.<\/p>\n
El sobreseimiento de la m\u00e9dica de Tartagal, Miranda Ruiz, fue uno de los reclamos de la movilizaci\u00f3n feminista del 3 de junio. La profesional est\u00e1 imputada por aborto sin consentimiento tras haber facilitado una Interrupci\u00f3n Legal del Embarazo a una mujer adulta, que firm\u00f3 el consentimiento informado. Fue imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega. Hubo dos pedidos de sobreseimiento, que fueron rechazados por el juez de Garant\u00edas de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por lo que la defensa jur\u00eddica de la profesional present\u00f3 la apelaci\u00f3n correspondiente, que se encuentra en la Vocal\u00eda 2 de la Sala I del Tribunal de Impugnaci\u00f3n de Salta.<\/p>\n
Un objetivo claro
\nCon sus particularidades, cada una de estas acciones contra activistas y defensoras de derechos de las mujeres apuntan a disciplinar y amedrentar. El avance de los discursos de ultraderecha, las arengas contra la adquisici\u00f3n de derechos y los embates contra las movilizaciones feministas tienen sus correlatos en los tribunales, y en despachos oficiales.<\/p>\n
Lo ocurrido en San Luis y San Juan retrotrae a la represi\u00f3n del final del Encuentro Nacional de Mujeres de 2015 en Mar del Plata y 2016 en Rosario. \u201c\u00bfQu\u00e9 compone este escenario en Cuyo? Si vamos a la Ley de Protecci\u00f3n Integral a las Mujeres, la 26.485, vamos a encontrar un tipo de violencia de g\u00e9nero que se despliega en la acci\u00f3n pol\u00edtica. Es un tipo de accionar que busca disuadir a los transfeminismos del ejercicio de sus derechos pol\u00edticos. Cuando pensamos en los efectos que tiene el amedrentamiento a j\u00f3venes que salen a reivindicar proyectos emancipatorios, respeto a su diversidad, por el fin de la violencia machista, nos encontramos con fuerzas represivas con el objetivo de que dejen de salir. De esta manera, las j\u00f3venes encuentran un l\u00edmite a la vida pol\u00edtica. Es grav\u00edsimo y las provincias deber\u00edan dar explicaciones claras\u201d, plante\u00f3 Escales.<\/p>\n
-\u00bfQu\u00e9 medidas se pueden tomar desde las colectivas feministas para defenderse de este tipo de acciones estatales? -pregunt\u00f3 Las12.<\/p>\n
-A lo largo de la organizaci\u00f3n de los paros, las manifestaciones y las acciones feministas en general fuimos desarrollando estrategias de autocuidado. Cada organizaci\u00f3n, cada grupo, tienen que darse esas claves para reducir riesgos. “Amiga, llegaste bien”, parece ser la frase m\u00e1s dicha post marchas, lo mismo que no desconcentrar solas y no quedarse en las inmediaciones. Deber\u00edamos salir tranquilas, deber\u00edan respetar el derecho a manifestarnos, pero siendo realista y con los antecedentes que tenemos desde la primera represi\u00f3n a manifestaciones feministas en 2015, necesitamos m\u00e1s organizaci\u00f3n del autocuidado. En s\u00edntesis, la criminalizaci\u00f3n de las protestas feministas busca justamente desalentar este activismo y el autocuidado es una herramienta fundamental para sortear este obst\u00e1culo.<\/p>\n
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