La C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal rechaz\u00f3 todos los planteos realizados por los abogados defensores en el marco del megajuicio por delitos de corrupci\u00f3n cometidos en la contrataci\u00f3n de p\u00fablicidad oficial durante su gesti\u00f3n.<\/p>\n
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En consecuencia, las penas contra el exgobernador, su exministro Pedro B\u00e1ez, su cu\u00f1ado Juan Pablo Aguilera y las del resto de los imputados quedaron confirmadas por la C\u00e1mara compuesta por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo. Las defensas tendr\u00e1n que recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el objetivo de revertir la situaci\u00f3n de los condenados.<\/p>\n
Davite, quien presidi\u00f3 la Casaci\u00f3n, enumer\u00f3 uno por uno los rechazos y describi\u00f3 la prueba fundamental por la que el Tribunal de Juicios conden\u00f3 al exgobernador, algunos de sus funcionarios y familiares y allegados que se beneficiaron por el desv\u00edo de dinero p\u00fablico. “En la sentencia dictada por el Tribunal est\u00e1 correctamente probado que los hechos existieron y que los imputados fueron sus autores y part\u00edcipes”, asegur\u00f3 la magistrada.<\/p>\n
Las camaristas indicaron adem\u00e1s que los delitos se han constatado “con una cantidad de pruebas pocas veces vista en este tipo de hechos”. “Es tan abundante la prueba que es imposible abordarla en esta rese\u00f1a”, agreg\u00f3 Davite.<\/p>\n
“Ha quedado demostrado que Urribarri y (Pedro) B\u00e1ez durante su ejercicio de sus cargos, direccionaron contrataciones con los particulares (Juan Pablo) Aguilera, (Germ\u00e1n) Buffa, (Jorge) Rodriguez y (Gerardo) Caruso. Como funcionarios p\u00fablicos manejaron toda la tramitaci\u00f3n entre ellos, para disponer de fondos p\u00fablicos y usarlos a fines ajenos a la administraci\u00f3n p\u00fablica. Urribarri y B\u00e1ez ten\u00edan conocimiento del car\u00e1cter p\u00fablico de los dineros, de la ilicitud de la decisi\u00f3n que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales. Disponiendo as\u00ed de los fondos para beneficios propios y de terceros. Respecto a los otros imputados (Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi. Corina Cargnel y Gustavo Tamay) se constat\u00f3 el grado de participaci\u00f3n en los delitos y que de distintas maneras colaboraron con las maniobras necesarias para llevarlos a cabo”, asever\u00f3 Davite.<\/p>\n
Las magistradas rechazaron tambi\u00e9n los planteos de nulidad que buscaban derribar las pruebas fundamentales de la condena: “Se ha demostrado que todos esos planteos, cuya finalidad es la exclusi\u00f3n de pruebas que buscan revertir las condenas, han sido aceptadas por el Tribunal de Juicio que consider\u00f3 como prueba legal, obtenida sin violentar garant\u00edas y mientras pudieron ejercer el derecho a la defensa”, acot\u00f3 la magistrada. “El tribunal comprob\u00f3 que toda la prueba hab\u00eda ingresado al proceso de manera legal y con control de todas las partes”, agreg\u00f3 Davite. Los abogados de Urribarri, Pedro B\u00e1ez, Juan Pablo Aguilera y compa\u00f1\u00eda pretend\u00edan derribar la prueba planteando el principio de incongruencia. Lo hicieron tanto ante el Tribunal de Juicio como as\u00ed tambi\u00e9n ante Casaci\u00f3n.<\/p>\n
Pero Casaci\u00f3n tambi\u00e9n les rechaz\u00f3 el planteo de presunta afectaci\u00f3n del principio del juez natural por la intervenci\u00f3n de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) en los allanamientos a las empresas de Aguilera: “Quien dict\u00f3 la \u00f3rden de allanamiento fue el juez de Garant\u00edas Eduardo Ruhl y cuando un juez natural controla un allamiento las garant\u00edas est\u00e1n intactas. No cabe lugar a escuchar sospechas por la pertenencia de tal o cual fuerza que ejecute su obra. Juez y polic\u00eda no son conceptos equivalentes”, asegur\u00f3 Davite. Cabe recordar que el Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de la PFA -avalada por el juez- porque Mauro Urribarri estaba al frente del Ministerio de Gobierno de la provincia y ten\u00eda a su cargo a la Polic\u00eda de Entre R\u00edos (PER).<\/p>\n
Las defensas tampoco pudieron demostrar que se perdi\u00f3 la cadena de custodia de la prueba fundamental de la causa, el disco r\u00edgido que pretendieron descartar por los techos de las empresas de calle Racedo y que una vecina puso a disposici\u00f3n de la investigaci\u00f3n. “Todos los actos quedaron registrados y no existi\u00f3 ninguna irregularidad”, dijo la magistrada.<\/p>\n
Casaci\u00f3n tampoco dio lugar al planteo que buscaba derribar los informes de las compa\u00f1\u00edas telef\u00f3nicas ni los an\u00e1lisis realizados por el gabinete de inform\u00e1tica forense del MPF: “Esta C\u00e1mara observ\u00f3 que reiteraron los mismos planteos sin tener en cuenta la contundente respuesta del Tribunal de Juicio respecto a estos informes. Hay una ausencia absoluta de irregularidades”.<\/p>\n
Causa por causa, Davite relat\u00f3 parte de la prueba que se gener\u00f3 en el juicio para valorar de manera positiva la sentencia condenatoria del Tribunal compuesto por Jorge Chemez, Elvio Garz\u00f3n y Carolina Castagno.<\/p>\n
El \u00fanico planteo de los abogados defensores que Casaci\u00f3n tuvo en cuenta fue el realizado por Ignacio D\u00edaz, defensor de Pedro B\u00e1ez. Tiene que ver con el pedido de que se levante el embargo que afecta tambi\u00e9n a la c\u00f3nyuge del exministro de Cultura y Comunicaci\u00f3n. As\u00ed, Casaci\u00f3n resolvi\u00f3 levantar el 50% del embargo que estaba vigente.<\/p>\n
Las condenas confirmadas
\nEn abril del 2022 y tras varios meses de megajuicio, el Tribunal de Juicio conden\u00f3 a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos al exgobernador Sergio Urribarri por los delitos de corrupci\u00f3n. Al exministro Pedro B\u00e1ez los jueces le dieron 6 a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n. El cu\u00f1ado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n. Tanto B\u00e1ez como Aguilera tambi\u00e9n fueron inhabilitados para ejercer cargos p\u00fablicos.<\/p>\n
Adem\u00e1s el Tribunal consider\u00f3 la culpabilidad del dise\u00f1ador gr\u00e1fico Emiliano Giacopuzzi como part\u00edcipe secundario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Lo conden\u00f3 a 2 a\u00f1os de ejecuci\u00f3n condicional. A Germ\u00e1n Buffa lo declararon part\u00edcipe necesario de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y se lo conden\u00f3 a 1 a\u00f1o y 2 meses de ejecuci\u00f3n condicional. A Gerardo Caruso lo condenaron como part\u00edcipe necesario de negociaciones incompatibles y peculado y lo condenaron a 3 a\u00f1os de ejecuci\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua.<\/p>\n
A Corina Cargnel, el tribunal la conden\u00f3 como part\u00edcipe necesaria de negociaciones incompatibles con ejercicio de funci\u00f3n p\u00fablica y peculado por la causa imprentas y en la causa parador. Le dieron 3 a\u00f1os de ejecuci\u00f3n condicional e inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua. A Gustavo Tamay lo encontraron responsable como part\u00edcipe necesario de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y lo condenaron a 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua. Declararon a Luciana Almada part\u00edcipe necesaria de negociaciones incompatibles y peculado y la condenaron a 2 a\u00f1os y medio de ejecuci\u00f3n condicional.<\/p>\n
An{alisis Digital<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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