Ten\u00eda 19 a\u00f1os cuando denunci\u00f3 a su progenitor. Ni el Estado ni la justicia le dieron respuestas, y el agresor fue sobrese\u00eddo. En el norte provincial se denuncia un abuso cada tres d\u00edas.<\/p>\n
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(Rosario\/12) Una joven de 19 a\u00f1os, C.E.R., que denunci\u00f3 en 2011 a su padre por abuso sexual incestuoso en Reconquista deber\u00e1 ser reparada por el estado provincial, ya que el comit\u00e9 de la CEDAW de Naciones Unidas admiti\u00f3 el caso, aunque todav\u00eda no se expidi\u00f3. La chica, hoy de 23 a\u00f1os, recurri\u00f3 primero a la Defensor\u00eda del Pueblo en su ciudad, pero no obtuvo respuesta. Por ende, qued\u00f3 sola y sin patrocinio jur\u00eddico. El fiscal que tom\u00f3 su denuncia no pidi\u00f3 las medidas pertinentes para probar el delito que la joven hab\u00eda sufrido y el juez Nicol\u00e1s Muse Chemes sobresey\u00f3 al acusado. La v\u00edctima se enter\u00f3 por casualidad, debido al seguimiento de la causa que realiza la presidenta del Concejo municipal de Reconquista, Soledad Salazar, del Frente Para la Victoria. El Comit\u00e9 de Am\u00e9rica Latina y del Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem) y la ong rosarina Insgenar acompa\u00f1aron tambi\u00e9n a la joven denunciante, con un amicus curiae sobre el delito, que el magistrado no tuvo en cuenta. Desde diciembre de 2014, el estado santafesino mantiene conversaciones con las representante de C.E.R. para estipular una reparaci\u00f3n simb\u00f3lica y monetaria por la revictimizaci\u00f3n sufrida. Tambi\u00e9n piden que los agentes estatales del norte santafesino reciban capacitaci\u00f3n como una garant\u00eda de que no vuelva a ocurrir. Salazar realiza, adem\u00e1s, un seguimiento de las causas de abuso sexual en los departamentos del norte provincial, cuyos resultados son alarmantes: cada tres d\u00edas se presenta una denuncia, de las cuales el 80 por ciento son intrafamiliares.<\/p>\n
“El mensaje perverso de este caso, porque esta chica, que es hija extramatrimonial y tiene once hermanastros, se anim\u00f3 a denunciar con todos los hermanastros a favor del padre. Cuando el hombre sali\u00f3 de la c\u00e1rcel, despu\u00e9s de estar s\u00f3lo nueve meses, hizo una fiesta en el barrio. El mensaje es desalentar las denuncias porque nadie te va a creer”, puntualiz\u00f3 Salazar, quien ayer dio una conferencia de prensa en Rosario junto a la concejala Norma L\u00f3pez, del FPV, y las activistas Viviana Della Siega, de Insgenar y Susana Chiarotti, de Insgenar y Cladem.<\/p>\n
El jueves 4 de febrero, el ministro de Justicia Ricardo Silberstein, junto a funcionarios de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n y del Consejo Nacional de la Mujer recibir\u00e1n a las representantes de E., que esperan firmar el acta acuerdo con las reparaciones consensuadas durante m\u00e1s de un a\u00f1o. El Estado debe reparar econ\u00f3mica y moralmente a la joven -a trav\u00e9s de un pedido de disculpas- y garantizar que no vuelva a producirse semejante vulneraci\u00f3n de derechos a una mujer v\u00edctima de delitos contra su integridad sexual que haga la denuncia.<\/p>\n
“La visi\u00f3n sesgada del juez es muy visible al leer el expediente. Mientras E. y su hermana R. hacen una denuncia completamente coherente, en la que queda claro lo sufrido por las v\u00edctimas, el juez considera que esa declaraci\u00f3n est\u00e1 arreglada. Despu\u00e9s aparecen un mont\u00f3n de vecinos que dicen las mismas frases, incluso con las mismas palabras, pero el magistrado las encuentra coherentes”, explic\u00f3 Chiarotti.<\/p>\n
Uno de los puntos de la sentencia absolutoria indica que el hombre no viol\u00f3 a su hija porque “no es alcoh\u00f3lico ni es enfermo psiqui\u00e1trico”. Chiarotti se indigna porque ese prejuicio judicial constituye “una patologizaci\u00f3n que sirve para justificar a los dem\u00e1s. Eso lo denunciamos nosotras como un prejuicio discriminatorio, como un estereotipo”. Fue uno de los puntos de la denuncia presentada ante el comit\u00e9 de la CEDAW en Naciones Unidas. “El comit\u00e9 es muy estricto para aceptar casos, es muy dif\u00edcil que lo acepte si no considera que tiene asidero la denuncia. El nuestro es el n\u00famero 63, y est\u00e1 recibiendo denuncias desde hace 15 a\u00f1os. Ya cuando el comit\u00e9 te lo admite es porque revis\u00f3 todo y piensa que es un caso viable, que es justo el reclamo. Si bien todav\u00eda no se expidi\u00f3, la Canciller\u00eda y la secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n iniciaron las conversaciones para avanzar con la reparaci\u00f3n”.<\/p>\n
Sobre el seguimiento de las denuncias por abuso sexual, que en los departamentos del norte santafesino trepan a una cada tres d\u00edas, Salazar record\u00f3 que “con el equipo que tenemos en el Concejo venimos siguiendo estos n\u00fameros por las notas period\u00edsticas, porque no hay estad\u00edsticas oficiales, y la verdad es que hay \u00e9pocas en que puede ser m\u00e1s alta a\u00fan la cantidad. Un 80 por ciento de esas denuncias son por abusos intrafamiliares”. La concejala afirm\u00f3 que no s\u00f3lo hay m\u00e1s casos en el sur, sino que tambi\u00e9n “hay un desequilibrio en todo lo que son oficinas del estado en nuestros departamentos. Cladem e Insgenar presentaron un amicus curiae que el juez no tuvo en cuenta. Por eso est\u00e1 dentro de la agenda de garant\u00edas de no repetici\u00f3n la capacitaci\u00f3n no s\u00f3lo a jueces y polic\u00edas, sino tambi\u00e9n a los distintos actores del estado”.<\/p>\n
Por su parte, la concejala rosarina Norma L\u00f3pez, del FPV, que hizo de nexo entre las ONG y la dirigente de Reconquista, consider\u00f3 que “la justicia colabora con la impunidad de los agresores y de los violadores, porque cuando no sanciona la primera vez que se produce una agresi\u00f3n, un golpe, un maltrato o un abuso sexual, lo invisibiliza. Y esa acci\u00f3n de la justicia, hoy, es la gran base para que la sociedad naturalice la violencia. Por eso tenemos que seguir observando al Poder Judicial y exigir medidas al gobierno de Miguel Lifschitz para que la justicia cumpla con sus funciones, en lugar de mantener esta situaci\u00f3n de impunidad”.<\/p>\n
En ese sentido, Salazar consider\u00f3 que el caso de C.E.R. “tiene que ser indudablemente un llamado de atenci\u00f3n para el gobierno de Miguel Lifschitz, para que tenga pol\u00edticas acordes a lo que necesitamos, que se cree el Observatorio de Violencia de G\u00e9nero, que haya pol\u00edticas serias, sino lo \u00fanico que hacen en cambiar el nombre de la Direcci\u00f3n de Pol\u00edticas de G\u00e9nero a Subsecretar\u00eda”.<\/p>\n
Tanto Salazar como Chiarotti hicieron eje en la falta de investigaci\u00f3n, por ejemplo, sobre la comisi\u00f3n de abuso sexual cuando se trata de madres-ni\u00f1as, casos que el Estado deber\u00eda indagar porque por lo general son embarazos producto de abusos sexuales. “Pero no hay estad\u00edsticas, ni acci\u00f3n de ning\u00fan agente del estado”, subray\u00f3 Salazar.<\/p>\n
C.E.R. sufri\u00f3 represalias tras decidirse a hacer la denuncia. Debi\u00f3 abandonar su ciudad y la amenazaron. Hoy, el estado tiene una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica en curso, y deber\u00e1 pedirle disculpas por no garantizar su acceso a la justicia. Salazar ensalz\u00f3 la actitud de C.E.R. “Reconozco el coraje, la valent\u00eda que tiene, es s\u00faperemprendedora, se merece las cosas buenas. Por eso es que en un lugar donde hay tantas denuncias de abuso sexual como es el norte provincial, queremos que se investiguen”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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