La C\u00e1mara de Diputados la vot\u00f3 por unanimidad luego que fuera aprobado con modificaciones por el Senado. De ahora en m\u00e1s ser\u00e1 la ciudadan\u00eda la que imparta justicia en los casos penales m\u00e1s graves.<\/p>\n
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El proyecto, discutido y revisado dos veces entre ambas c\u00e1maras de la Legislatura, integraba el paquete de iniciativas que el Ejecutivo hab\u00eda enviado para Extraordinarias, pero que ven\u00eda tironeado desde el per\u00edodo anterior. El Senado le introdujo algunos cambios y la semana pasada le dio media sanci\u00f3n.<\/p>\n
En Diputados sali\u00f3 por unanimidad y ya sin reparos. El tribunal popular se constituir\u00e1 para dictar sentencia en solo cuatro delitos graves: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, homicidio en ocasi\u00f3n de robo, y secuelas de enfrentamientos con polic\u00edas o agentes penitenciarios en actividad, o de franco, o incluso retirados.<\/p>\n
La din\u00e1mica prevista impone que el jurado popular, bajo la direcci\u00f3n de un tribunal, eval\u00fae las pruebas producidas, escuche los alegatos de las partes, los testigos, luego delibere bajo reserva y, a partir de ello resuelva sobre la culpabilidad o inocencia de la persona o las personas acusadas en el juicio. Luego, ser\u00e1 el juez o jueza a cargo quien determine la pena a cumplir, en caso de que el veredicto sea de culpabilidad.<\/p>\n
“Los miembros del jurado deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho sustantivo aplicable por el magistrado (…) acerca del delito principal imputado y de los delitos menores incluidos en \u00e9l”, aclara la ley.<\/p>\n
Cada jurado se integrar\u00e1 de doce personas, en paridad de g\u00e9nero entre varones y mujeres, y dos suplentes. Se requerir\u00e1 ser argentino o ciudadano naturalizado hace dos a\u00f1os, entre 18 y 75 a\u00f1os de edad, con domicilio no inferior a dos a\u00f1os en el distrito judicial del proceso. Y saber leer y escribir. El Ministerio de Justicia elaborar\u00e1 cada dos a\u00f1os y por sorteo, desde el padr\u00f3n electoral, listas de ciudadanos y ciudadanas en condiciones de ser jurados.<\/p>\n
La designaci\u00f3n se la considerar\u00e1 una carga p\u00fablica. Quien se reh\u00fase a ejercer el cargo ser\u00e1 multado con el equivalente al sueldo del juez del juicio, como m\u00ednimo, dice la ley.<\/p>\n
Llegado el caso, las partes en litigio pueden recusar sin causa aparente a cuatro de los jurados. Y si hubiera una causa, podr\u00e1n recusar a los 12. En tanto, los jurados designados podr\u00e1n solicitar remuneraci\u00f3n, equivalente a la mitad de un Jus \u2013hoy, establecido en 56.370 pesos\u2013 por cada d\u00eda de servicio.<\/p>\n
Originalmente el proyecto requer\u00eda el veredicto un\u00e1nime del jurado. Ahora no, la ley final establece que habr\u00e1 sentencia con fallo dividido y por mayor\u00eda de miembros. Cada miembro deber\u00e1 mantener “en absoluta reserva su opini\u00f3n y la forma en que han votado”.<\/p>\n
Hay algunas inhabilitaciones para ser jurado que la ley enumera. Algunas: incapacitados, imputados en causa penal, personas que hayan cumplido pena de prisi\u00f3n hasta diez a\u00f1os despu\u00e9s, deudores alimentarios, y quienes hayan sido jurado antes, en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n
Tampoco podr\u00e1n serlo funcionarios de Estado, legisladores, directivos de partidos pol\u00edticos y sindicatos, abogados, escribanos y docentes de materia jur\u00eddica o medicina legal. Tampoco ministros de culto, ni miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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