El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde proces\u00f3 a exdirectores y a la empresa por una multimillonaria estafa al Estado con facturas truchas y orden\u00f3 millonarios embargos e inhibiciones. El perjuicio fiscal al Estado se estima en 134 millones de pesos al a\u00f1o 2019. AUDIO.<\/p>\n
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La denuncia penal de la AFIP hab\u00eda ingresado al Juzgado Federal de Reconquista el 21 de agosto de 2020. Poco m\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s el juez Alurralde comenz\u00f3 las indagatorias, y el 7 de mayo de 2024 firm\u00f3 los procesamientos.<\/p>\n
La misma alcanza a 14 socios del grupo y a la firma como persona jur\u00eddica. El perjuicio fiscal al Estado se estima en 134 millones de pesos.<\/p>\n
Se los considera coautores penalmente responsables del delito de aprovechamiento indebido de beneficios Fiscales. El procesamiento tambi\u00e9n es para la firma Vicent\u00edn saic, por el mismo delito.<\/p>\n
Orden\u00f3 para todos, trabar embargo sobre sus bienes libres; y en el caso de los que no tienen bienes a su nombre, inhibici\u00f3n hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos por cada uno de los encausados.<\/p>\n
Todos podr\u00e1n continuar el proceso penal con “el beneficio de la libertad”, dice la resoluci\u00f3n firmada el 7 de mayo de 2024.<\/p>\n
La denuncia fue presentada por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos, AFIP, donde sostiene que la comisi\u00f3n delictiva detectada fue durante los a\u00f1os 2016 a 2019, mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado-Cr\u00e9ditos fiscales vinculados a operaciones de exportaci\u00f3n-, habiendo aprovechado, percibido o dispuesto de manera ileg\u00edtima de m\u00e1s de cien millones de pesos de entonces, suma cuya solicitud de reintegro fue recurrentemente respaldada con facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa, presentadas para su recupero en forma fraudulenta.<\/p>\n
Adem\u00e1s, AFIP sostuvo en su denuncia que, de las tareas de fiscalizaci\u00f3n, “se verific\u00f3” que la contribuyente habr\u00eda aprovechado indebidamente de reintegros de IVA por exportaciones -bajo el r\u00e9gimen por el cual los exportadores tienen derecho a que se les reintegre el cr\u00e9dito fiscal vinculado a operaciones de exportaci\u00f3n-, con base en la utilizaci\u00f3n, registraci\u00f3n y presentaci\u00f3n de facturas comprobadamente ap\u00f3crifas, emitidas por decenas de supuestos proveedores, habiendo percibido de ese modo sumas de dinero por parte del Fisco Nacional en los a\u00f1os 2016, 2017, 2018 y 2019 por montos que superan holgadamente la condici\u00f3n objetiva de punibilidad prevista en el art\u00edculo 3 de la Ley 24.769 vigente al momento de los hechos (por las sumas percibidas en 2016 y 2017) y en el art\u00edculo 3 del R\u00e9gimen Penal Tributario instituido por el T\u00edtulo IX de la Ley 27.430 (por las sumas percibidas en 2018 y 2019)”.<\/p>\n
Al mismo tiempo se sostiene que: “\u2026Tal como fuera indicado, en los actos administrativos mediante los cuales se impugnan las operaciones declaradas por la exportadora con proveedores ap\u00f3crifos, se encuentra efectivamente constatado que la firma percibi\u00f3 en los per\u00edodos fiscales en trato -2016 a 2019- sumas millonarias por parte del Fisco Nacional en concepto de reintegros”.<\/p>\n
Con posterioridad, la AFIP ampli\u00f3 la denuncia, agregando detalle de montos que se habr\u00edan detra\u00eddo ileg\u00edtimamente del Fisco Nacional.<\/p>\n
Adem\u00e1s, para estafar al Estado, hicieron figurar proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturaci\u00f3n; insuficientes empleados en relaci\u00f3n de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los veh\u00edculos incluidos en las Cartas de Porte no eran aptos para el transporte de mercader\u00edas; que los supuestos lugares de explotaci\u00f3n eran inexistentes; es decir, que no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administraci\u00f3n.<\/p>\n
Un ejemplo de las maniobras detectadas para estafar al Estado es que, por ejemplo, uno de los proveedores truchos figuraba con domicilio legal en una escuela; otros en casas de familia con habitantes que declararon que viven all\u00ed “desde su infancia”, asegurando no conocer ni tener ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con la firma investigada. Una direcci\u00f3n figura en el oceano pac\u00edfico.<\/p>\n
Adem\u00e1s, del an\u00e1lisis de d\u00e9bitos y cr\u00e9ditos del impuesto al valor agregado (IVA) de varios de los pretendidos co-contratantes, “surg\u00eda la inequ\u00edvoca conclusi\u00f3n de la cuasi nula capacidad econ\u00f3mica y financiera de realizar una operaci\u00f3n y\/o que tal negocio jur\u00eddico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa”. Usaban empresas fantasmas o simples intermediarios con fines fraudulentos.<\/p>\n\n