El tribunal de Alzada rosarino anul\u00f3 el fallo del magistrado Reinaldo Rodr\u00edguez que cerraba la causa, y le critic\u00f3 la demora en investigar lo que fueron “graves irregularidades”. Los imputados son 44 ex presidentes y directores del Banco.<\/p>\n
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(Rosario\/12) La causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999, que deriv\u00f3 en la privatizaci\u00f3n y en un perjuicio econ\u00f3mico para la provincia de 500 millones de d\u00f3lares sigue abierta. La C\u00e1mara Federal de Rosario (sala A) anul\u00f3 esta semana un fallo del juez Reinaldo Rodr\u00edguez de junio de 2013 que hab\u00eda declarado “extinguida la acci\u00f3n penal” contra los 44 imputados (ex directores de la entidad y varios ex ministros de V\u00edctor Reviglio), le orden\u00f3 que verifique el supuesto que suspende el plazo de prescripci\u00f3n y lo advirti\u00f3 sobre “la pasmosa lentitud con la que se desarroll\u00f3 el sumario”, a pesar de las “graves irregularidades relatadas en la denuncia”. Uno de los interrogantes del expediente es por qu\u00e9 estuvo guardado cinco a\u00f1os en el propio despacho del magistrado. “Una demora no explicable”, dijo la C\u00e1mara en la resoluci\u00f3n a la que tuvo acceso Rosario\/12 y le recomend\u00f3 al juez que act\u00fae “con la celeridad y el empe\u00f1o que la lucha contra la impunidad reclama”.<\/p>\n
Rodr\u00edguez intent\u00f3 cerrar la causa hace un a\u00f1o y medio, en junio de 2013, al declarar “extinguida la acci\u00f3n penal” contra 44 ex presidentes y ex directores del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999.<\/p>\n
En octubre de 2013, el fiscal Walter Rodr\u00edguez solicit\u00f3 la reapertura del proceso y sum\u00f3 un dictamen de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), firmado por su titular, el fiscal Carlos Gonella, que denunci\u00f3 “un plan de acci\u00f3n” para “garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos” y acus\u00f3 por esas maniobras a los ex jueces federales V\u00edctor Brusa (condenado a 23 a\u00f1os de c\u00e1rcel por delitos de lesa humanidad), H\u00e9ctor Tripicchio y el subrogante Gerardo Yebra.<\/p>\n
Ante la insistencia de Rodr\u00edguez de archivar la causa, el 31 de octubre de 2013 el fiscal lo denunci\u00f3 por “retardo de justicia” en un “recurso de queja” que plante\u00f3 ante la C\u00e1mara. Y en diciembre de 2013, la C\u00e1mara le dio la raz\u00f3n y orden\u00f3 al juez reabrir la pesquisa.<\/p>\n
En agosto de 2015, el juez volvi\u00f3 a rechazar un pedido del fiscal para que anule dos resoluciones: una de Tripicchio del 25 de abril de 1991 y otra, de Brusa del 11 de junio de 1993, que interpret\u00f3 como “una actividad jurisdiccional fraudulenta”. El planteo era para que declare la “cosa juzgada fraudulenta”, deje sin efecto las sentencias que -seg\u00fan el fiscal- se dictaron de manera ilegal y contin\u00fae la investigaci\u00f3n. Pero el juez lo desestim\u00f3, por lo que fiscal volvi\u00f3 a apelar ante la C\u00e1mara y es uno de los cinco incidentes que est\u00e1n en la agenda del tribunal.<\/p>\n
Esta semana, la C\u00e1mara volvi\u00f3 a darle la raz\u00f3n al Ministerio P\u00fablico, al revocar el fallo del juez de junio de 2013 que hab\u00eda extinguido la “acci\u00f3n penal” contra los 44 imputados. El fiscal dijo que la causa no prescribi\u00f3, se quej\u00f3 porque “estuvo paralizada cinco a\u00f1os sin motivo alguno” en el despacho del propio magistrado y argument\u00f3 que \u00e9ste no tuvo en cuenta un supuesto que suspende la prescripci\u00f3n, que es que los ex funcionarios hubieran ocupado otros cargos p\u00fablicos.<\/p>\n
En el primer voto, el camarista Fernando Barbar\u00e1 advirti\u00f3 “la pasmosa lentitud con la que se desarroll\u00f3 este sumario”, a pesar de las “graves irregularidades relatadas en la denuncia”. Y cit\u00f3 el “puntilloso dictamen” de la Procelac que “resalta una demora no explicable de cinco a\u00f1os en el tr\u00e1mite ocurrida en el Juzgado” del doctor Rodr\u00edguez.<\/p>\n
Barbar\u00e1 record\u00f3 que en los casos que involucran a funcionarios p\u00fablicos el plazo de prescripci\u00f3n se suspende si “cualquiera de los imputados” hubiera “desempe\u00f1ando un cargo p\u00fablico”, desde el 4 de setiembre de 1984 y el 8 de noviembre de 1999.<\/p>\n
“Entiendo que deben ser receptados los agravios esgrimidos” por el fiscal Rodr\u00edguez al se\u00f1alar que “la medida adoptada” por el juez de cerrar la causa “resulta prematura”. Porque “no comprob\u00f3 fehacientemente que ninguno de los numerosos imputados en la causa fue o contin\u00faa siendo funcionario p\u00fablico”. Y propuso que el magistrado se aboque a ese cometido “con la celeridad y el empe\u00f1o que la lucha contra la impunidad reclama”. El camarista Carlos Carrillo adhiri\u00f3 al voto de Barbar\u00e1.<\/p>\n
La tarea que pidi\u00f3 la C\u00e1mara no parece dif\u00edcil. El segundo de la lista de imputados, Julio C\u00e9sar Alzueta, es juez de la C\u00e1mara Laboral de Santa Fe; el quinto, Pedro Buchara, se desempe\u00f1\u00f3 como ministro de Agricultura, Ganader\u00eda, Industria y Comercio en el gobierno de V\u00edctor Reviglio (1987\/91); el n\u00famero 40, Emilio S\u00e1nchez Garc\u00eda, tambi\u00e9n integr\u00f3 el gabinete de Reviglio (subsecretario de Industrias, ministro de Agricultura y Producci\u00f3n y presidente del Banco Santafesino de Inversi\u00f3n y Desarrollo); el n\u00famero 43, Rodolfo Vacchiano, fue ministro de la de la Producci\u00f3n (1987\/89) y luego titular de Hacienda (1989\/90) en la gesti\u00f3n Reviglio y en los a\u00f1os siguientes: ministro de Gobierno en las intervenciones federales a Catamarca (1991) y Corrientes (1992) y secretario de Provincias del Ministerio del Interior (1997\/99). Por citar solo algunos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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