El Centro de Asistencia Judicial manifest\u00f3 como un “logro institucional” las condenas otorgadas por la c\u00e1mara en el caso de corrupci\u00f3n de menores.<\/p>\n
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Tras el fallo de la C\u00e1mara de Apelaciones de la ciudad de Vera por un caso de corrupci\u00f3n de menores que tuvo lugar en 2012, el director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca, manifest\u00f3 que se trata de un \u201clogro institucional\u201d para el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que en su calidad de querellante apel\u00f3 junto con la Fiscal\u00eda la absoluci\u00f3n con la que los imputados (entre ellos una exempleada de Tribunales) hab\u00edan sido beneficiados en primera instancia.<\/p>\n
El tribunal de Alzada, en consonancia con lo oportunamente solicitado por el CAJ de Vera y el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, revoc\u00f3 las absoluciones dictadas el a\u00f1o pasado, que desvinculaban a los sospechosos por el beneficio de la duda. En cambio, los camaristas Carlos Renna, Sebasti\u00e1n Creus y Martha Feijo\u00f3 aplicaron condenas de seis a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n a ocho hombres que participaron de una fiesta sexual en la casa de Nilda S\u00e1nchez, sentenciada a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de promoci\u00f3n y facilitamiento de la corrupci\u00f3n de menores en perjuicio de ni\u00f1as que ten\u00edan entre 12 y 17 a\u00f1os.<\/p>\n
El equipo del CAJ que intervino en el caso est\u00e1 integrado por la abogada Agustina Peralta, la psic\u00f3loga Gabriela Tosolini, y la trabajadora social M\u00f3nica Aranda.<\/p>\n
\u201cLa querella hab\u00eda formulado acusaci\u00f3n con penas que iban entre los seis y diez a\u00f1os de prisi\u00f3n, seg\u00fan la intervenci\u00f3n de cada uno de los imputados; y el juez de primera instancia absolvi\u00f3 con argumentos sumamente cuestionables y que hacen al fundamento de la apelaci\u00f3n, entre ellos que no se pod\u00eda corromper algo que ya estaba corrompido (en relaci\u00f3n a las menores v\u00edctimas)\u201d, record\u00f3 Nicol\u00e1s Vera, delegado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el norte santafesino.<\/p>\n
El equipo jur\u00eddico del CAJ plante\u00f3 que el delito de corrupci\u00f3n no exige que la persona no haya sido corrompida en oportunidad anterior, como sostuviera el fallo absolutorio de primera instancia.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Sirk manifest\u00f3 que \u201cel caso resulta a\u00fan m\u00e1s grave debido a que no se trat\u00f3 de un acto aislado, sino de una conducta repetida en varias oportunidades. De modo que la vulneraci\u00f3n de los derechos de las ni\u00f1as fue de extrema gravedad. Afortunadamente, el CAJ logr\u00f3 revertir la decisi\u00f3n de primera instancia, garantiz\u00e1ndose el real ejercicio del deracho de acceso a la justicia\u201d.<\/p>\n
La querella se ejerci\u00f3 en representaci\u00f3n del padre de una de las ni\u00f1as, todas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica, social y familiar. La investigaci\u00f3n tuvo mucha repercusi\u00f3n desde sus inicios ya que una empleada del juzgado de instrucci\u00f3n de Vera fue quien prest\u00f3 la casa para que se realizara el encuentro, del que participaron ocho hombres ofreciendo dinero a cambio de favores y pr\u00e1cticas sexuales. Las menores hab\u00edan sido conducidas en auto al domicilio de S\u00e1nchez por ella misma, tras ganarse su confianza. La mujer, conocida como Bibi, era quien realizaba la tarea de captaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLas declaraciones de la v\u00edctimas fueron contundentes, sin contradicciones evidentes, y pusieron de manifiesto la metodolog\u00eda delictual\u201d, finaliz\u00f3 Sirk Marezka.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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