El Juez Basualdo rechaz\u00f3 un pedido de detenci\u00f3n realizado por los abogados querellantes que entend\u00edan que hab\u00eda violado la restricci\u00f3n de contactarse o acercarse a las comunidades abor\u00edgenes de Gral. Obligado y Vera como consecuencia del caso del unimogate.<\/p>\n
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La querella hab\u00eda solicitado la detenci\u00f3n del Sr. Plin Plin y su delf\u00edn Roberto Fumo al entender que los ex funcionarios hab\u00edan violado el acuerdo de \u201cno acercamiento\u201d a miembros de la comunidad aborigen de Los Laureles, que deber\u00e1n declarar en su contra en un futuro juicio oral por el caso del subsidio para la compra de un unimog y que los tiene como imputados y a un paso del juicio oral.<\/p>\n
El juez de la Investigaci\u00f3n Penal Preparatoria (IPP) de Reconquista, Gonzalo Basualdo, rechaz\u00f3 el pedido de prisi\u00f3n preventiva hasta la llegada del juicio oral.<\/p>\n
El motivo que llev\u00f3 a las partes a pedir el encarcelamiento de los acusados se debi\u00f3 a que se habr\u00edan producido inconductas que podr\u00edan tener como fin incidir en la voluntad de los testigos, que ser\u00e1n citados a declarar en un futuro juicio.<\/p>\n
Mientras las partes estaban a la espera de que la Oficina de Gesti\u00f3n Judicial de Reconquista fijara fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia preliminar, el pasado 9 de agosto se produjo un hecho puntual que echa sombra sobre el devenir del proceso.
\nSeg\u00fan un escrito presentado por la querella, ese d\u00eda dos miembros de la comunidad contaron que \u201cten\u00edan que ir a la ciudad de Reconquista, a buscar ropa y dinero por el juicio de Zancada\u201d.<\/p>\n
Ante la sospecha de que los imputados romper\u00edan el compromiso de no acercamiento fijado con anterioridad por el juez Basualdo, la querella pidi\u00f3 que se tomen las medidas necesarias para obtener nueva evidencia y de preservaci\u00f3n de pruebas. La tarea encomendada a la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI) consisti\u00f3 en filmar los encuentros, que tienen como lugares f\u00edsicos la terminal de colectivos de Reconquista, la casa del propio Zancada y una vivienda que ser\u00eda de una funcionaria de la delegaci\u00f3n Reconquista de la Subsecretar\u00eda de la Ni\u00f1ez.<\/p>\n
Del encuentro participaron tres miembros de la comunidad mocov\u00ed, Zancada y Fumo en persona y al terminar, los tres invitados se subieron a un rem\u00eds y fueron hasta un club donde se realizaba un acto de cierre de campa\u00f1a al que tambi\u00e9n asisti\u00f3 Zancada.<\/p>\n
\u201cEs evidente que el comportamiento de los imputados indica la voluntad de perturbar la investigaci\u00f3n\u201d. Y para ello \u201cdirectamente han desobedecido la orden judicial\u201d, denunciaron los abogados Ramseyer y Gh\u00edo.<\/p>\n
Tras ser notificado del pedido de la querella, el fiscal Gerosa puso a disposici\u00f3n la evidencia recolectada por la PDI y solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de una sala donde poder proyectar las fotos y videos aludidos. Advirti\u00f3 que los imputados han pretendido \u201calterar la marcha del proceso\u201d y con ello se \u201cdesconoce la autoridad del poder judicial\u201d. Y record\u00f3 que ambos -Zancada y Fumo- ten\u00edan una \u201cprohibici\u00f3n de acercamiento y comunicaci\u00f3n con comunidades abor\u00edgenes de la etnia mocov\u00ed de los departamentos Vera y General Obligado\u201d tal como lo solicitara previamente la fiscal\u00eda.<\/p>\n
Durante la audiencia, los abogados de la defensa Ra\u00fal El\u00edas y Jorge Salum rechazaron la revisi\u00f3n de la medida cautelar y plantearon la ilegalidad de las filmaciones obtenidas por personal de inteligencia de la PDI, a las que consideraron que fueron \u201cobtenidas de manera clandestina\u201d.<\/p>\n
En ese sentido, hubo una larga discusi\u00f3n y la defensa plante\u00f3 que sus pupilos no hab\u00edan violado la medida de acercamiento, puesto que quienes se acercaron al domicilio aludido fueron los propios representantes de la comunidad Cacique Colashi. No obstante, la fiscal\u00eda y la querella le enrostraron que el mandato del juez los intimaba a que no pod\u00edan acercarse ni mantener comunicaci\u00f3n de ning\u00fan tipo con sus miembros, que fue lo que en verdad ocurri\u00f3 y no fue negado.<\/p>\n
Por \u00faltimo, el juez Basualdo reiter\u00f3 la obligaci\u00f3n de los imputados de no interferir en el proceso, pero no alter\u00f3 las libertades ambulatorias para ninguno de los imputados.<\/p>\n
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