La denominada inseguridad alimentaria afecta a más de 4,7 millones de menores de 17 años. En esa franja la pobreza se extendió a 8,8 millones de personas. Además, 2 de cada 3 viven en hogares pobres.
Los indicadores de indigencia y pobreza infantil se agravaron con el ASPO y la insuficiencia de los planes asistenciales, en particular para los tramos de 4 a 17 años donde la Tarjeta Alimentar tiene menos alcance que en los menores de 6 años, según el Informe “Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina”, con el foco particular en los niños y adolescentes, tanto en el ámbito educativo, pobreza, como de las carencias alimentarias básicas para su desarrollo (indigencia).
Si bien todos los datos son inquietantes, en particular, porque no sólo se trata de un fenómeno que se fue agravando sostenidamente en la última década, sino porque la suba de 14% a 15,5% de la población de 0 a 17 años con inseguridad alimentaria severa, con picos cercanos a 20% entre los adolescentes, contrasta con la percepción del gobierno nacional que “no hay argentinos con hambre”, según dijo el presidente Alberto Fernández en el cierre de la última Conferencia Industrial de la UIA.
“El incremento de la inseguridad alimentaria en el último período interanual se registra principalmente en los niños/as entre 5 y 12 años, de 15,1% a 16,7%; y en mayor medida en los adolescentes de 13 a 17 años, de 28,2% y 35,4%”, resalta el trabajo.
Según la proyección censal de la población argentina, al momento del relevamiento del ODSA residían en el país 13,7 millones de niños y adolescentes (de 0 a 17 años), de los cuales 4,72 millones padecían carencias alimentarias, 590 mil más que un año antes, aunque con un desagregado de disminución en 30.000 personas en el tramo de 0 a 4 años, a 1,1 millones, y aumento en 620 mil en la franja de 5 a 17 años, ascendió a 3,6 millones.
“Los niños/as entre 0 y 4 años se han visto más protegidos probablemente como consecuencia de la cobertura de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esa asistencia no fue suficiente como sistema de protección ante la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos (41,8% en los beneficiarios y 31% en los no beneficiarios)”, resalta el informe citado del ODSA.
Claramente, un factor determinante de ese delicado e inquietante cuadro socioeconómico, tanto por la situación presente como en perspectiva para las posibilidades de crecimiento del país en su conjunto, se vincula con la baja tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, menos del 50% del total, y con que de esa proporción más de un tercio lo hace en condiciones precarias y con ingresos muy inferiores al promedio general.
El relevamiento del ODSA se hizo a través de entrevistas telefónicas entre julio y octubre últimos, por línea fija y móvil, a 5.728 hogares con 17.920 personas, residentes en 20 aglomerados urbanos de más de 80 mil habitantes a quienes se les consultó sobre las privaciones económicas o déficit de desarrollo humano, en particular, y en este último relevamiento, el impacto del escenario covid-19.
Como ya es habitual, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA completa el relevamiento de la población con deficiencias alimentarias básicas con el agregado de las insuficiencias en el acceso a los servicios esenciales de luz, gas, agua y vivienda digna, entre otros, que se denomina pobreza estructural y monetaria o por ingreso.
En el último período interanual 2019-2020 el OSDA registró un incremento en la pobreza que afectó en mayor medida a los niños/as entre 5 y 12 años, con 65,5% de esa franja etaria y a los adolescentes de entre 13 y 17 años, a 65,3%.
