Los operativos se hicieron en el marco de la causa por estafa que lleva adelante la Justicia contra la cerealera que defaulteó por u$s 1.400 millones. Fueron en bancos de Reconquista, San Lorenzo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco de la causa penal que se lleva adelante en Rosario contra directivos de la empresa Vicentin, se realizaron ayer allanamientos en cajas de seguridad pertenecientes a ocho directores de la firma que protagonizó un default por u$s 1.400 millones en diciembre de 2019. Los procedimientos se realizaron en sucursales bancarias de dos bancos en Reconquista y de un tercero en San Lorenzo. También se ordenaron operativos en entidades financieras de la ciudad de Buenos Aires.
Por orden judicial, se allanaron ayer seis cajas de seguridad a nombre de ocho directores titulares y suplentes de la firma Vicentin. Los operativos se realizaron en sucursales de que los bancos Macro y ICBC tienen en Reconquista. Idéntico procedimiento se realizó en una sucursal del banco Santander en San Lorenzo, donde el conglomerado cerealero tiene una planta.
En dos de ellas se encontraron cuantiosas sumas de dinero y alhajas. Dos de ellas no pudieron ser abiertas porque no se localizó a sus titulares.
También se libró un exhorto para abrir cajas de seguridad en otras tres entidades bancarias en ciudad de Buenos Aires. lo que será concretado en estas horas. Se requirió allanamientos en el banco Galicia, Santander y BBVA.
Se apunta al aseguramiento de pruebas y la búsqueda de información. En caso de que se encontraran altas sumas de dinero, se solicitará la acreditación del origen de esos fondos.
En diciembre pasado, las oficinas que la agroexportadora Vicentin posee en la ciudad de Avellaneda fueron clausuradas luego de una serie de allanamientos realizados por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a través de órdenes emanadas de Fiscalía de Delitos Complejos, que conduce Miguel Moreno. Estos operativos fueron derivaciones de aquel procedimiento.
El fiscal Moreno abrió formalmente en julio una investigación penal para determinar si los directivos de Vicentin, la cerealera que entró en default por u$s 1.400 millones, conformaron una asociación ilícita para estafar a proveedores y entidades financieras. La denuncia había sido presentada por un grupo de acreedores.
