Leonardo Peiti fue condenado por manejar una asociación ilícita y logró reducir la pena debido a la figura de imputado colaborador. Reconoció haber entregado montos millonarios a actores de la política, justicia y policías.
El capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti fue condenado, en un juicio abreviado a seis años de prisión, reducidos a tres de prisión efectiva por haberse acogido a la figura de “imputado colaborador”. El juez Rafael Coria homologó el juicio abreviado y consideró que corresponde aplicar dicha figura por sus aportes que fueron corroborados, y permitieron importantes avances en las investigaciones. Además deberá pagar una multa de 42.479.500 millones de pesos (que se considera tres veces el dinero lavado) y el decomiso de 19 lotes ubicados en Tierra de Sueños Casilda y un auto Toyota Corolla. La condena corresponde a tres causas que se siguieron en las jurisdicciones de Rafaela, Melincué y Rosario, por lo cual en la audiencia, que presidió en juez Rafael Coria, estuvieron presentes los fiscales Gabriela Lema y Guillermo Loyola, de Rafaela, Matías Merlo, de Melincué y Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de Rosario.
En cuanto a la figura de imputado colaborador, que había sido cuestionada en diversas oportunidades por no estar contemplada en la legislación provincial, el juez Coria consideró que corresponde aplicarla por estar en la legislación de fondo, a nivel nacional.
Tal como señaló Schiappa Pietra al finalizar la audiencia, el aporte de Peiti fue considerado fundamental porque “permitió avanzar en las investigaciones en relación al ex fiscal regional Patricio Serjal y al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, como también todo lo que concierne a la investigación sobre el propio senador Armando Traferri”.
Los fiscales remarcaron que todo lo declarado por Leonardo Peiti fue corroborado con las evidencias, comunicaciones telefónicas y reuniones que se pudieron comprobar por los impactos de las antenas de los teléfonos celulares.
Entre las confesiones más explosivas, figura el hecho de haberle pagado 250.000 dólares a diferentes políticos, o a sus colaboradores cercanos, a fin de que hicieran lobby para que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario del juego legal en la provincia.
En rigor Fiscalía distribuyó después del acuerdo abreviado un dossier con 400 carillas donde se pueden leer las dos declaraciones de Peiti. En una de ellas contó que quería manejar el juego legal online en Santa Fe y dio algunos números millonarios vinculados con la recaudación de las apuestas. Y confió que Traferri se convirtió en la posible llave para lograrlo. Dijo que le colaboró al senador Traferri, a quien los fiscales no pudieron acusar formalmente hasta el momento, para la campaña que llevó a Omar Perotti a la gobernación con 200 mil dólares porque quería apoyarlo, pero que el legislador no se lo pidió. El juego online se lo quedó Boldt, dueña del casino City Center.
Además de Traferri (PJ-departamento San Lorenzo), mencionó a Lisandro Enrico (UCR-General López), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y Alcides Calvo (PJ-Castellanos), entre otros, como destinatarios del pago de coimas que tendrían como fin obtener protección para las redes de juego ilegal dirigidas por el propio Peiti.
Peiti reveló que también tuvo reuniones con un juez de Reconquista. Llegó a este magistrado a través de un abogado luego de conocer sobre una investigación fiscal en esa localidad. Mantuvo al menos tres encuentros con el magistrado Gonzalo Basualdo entre el 2017 y el 2019, dijo. En cada encuentro le daba unos mil dólares para que le informara posibles medidas o investigaciones que pudieran existir en su contra o en relación al juego clandestino en Reconquista.
El fiscal Merlo lo imputó por estos hechos y dijo que hay evidencia de los impactos de antena que corroboran que ambos estaban en el mismo lugar. El funcionario aseguró que pedirán el jury del magistrado.
Rosario/12
