Se trata de Sergio Urribarri, actual embajador en Israel y Chipre. Es por los delitos de negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscalía solicitó 12 años de cárcel para el exgobernador Sergio Urribarri, 10 para el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Baéz y el funcionario del Senado Juan Pablo Aguilera; ocho para la contadora Corina Cargnel y cinco para el exministro de Turismo, Hugo Marsó. Para todos una multa de 90.000 pesos.
El fiscal Gonzalo Badano tuvo a su cargo la acusación final contra los 13 imputados, entre ellos el actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
Las acusaciones fue por los delitos de Negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa. No hay control de los órganos de la Constitución Provincial. Vimos como un particular -Guillermo Berger- hizo los spots para el Estado. Berger mandando un mail a –Emiliano- Giacopuzzi y definiendo el logo de Turismo de Entre Ríos. Rina Deymonnaz desconociendo de dónde salió una marca de gestión. Giacopuzzi trabajando para el Ministerio de Cultura y Comunicación. Giacopuzzi mandando a Gerardo Caruso un render clandestino en el que aparece el parador. Vimos una empresa privada constituyendo domicilio en la casa del exsecretario de Justicia de la provincia. Vimos cómo el exministro de Turismo, Hugo Marsó, llamaba a Tep y queriendo hablar con Juan Pablo Aguilera para ver qué habían arreglado. Vimos a la contadora Corina Cargnel gestionando merchandasing para la provincia de Entre Ríos, igual que el empresario Germán Buffa. Vimos a un perito de parte que es empleado de la Legislatura. Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado –Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, enumeró el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull al concluir su alegato en el megajuicio por corrupción.
El fiscal estuvo a cargo específicamente de la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015. “Todas las irregularidad se traducen en no poder encontrar el límite entre la función pública y la privada. Esta confusión no es inocente, se violaron innumerables normas. Esto no es un cúmulo de trabajo, de inexperiencia, de falta de previsión. Son irregularidades y se alejan del control de los órganos constitucionales. Irregularidades administrativas que siempre tienen como beneficiarios a funcionarios públicos. Se demostró que tienen el beneficio para funcionarios públicos y conllevan perjuicio al Erario público. No olvidemos que esta causa no son dos spots y un parador, la sumatoria de estas causas acumuladas contemplan un desvío de más de 9 millones de dólares, que traducidos a la actualidad significan 1000 millones de pesos. Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo, todo debe ser valorado en su conjunto. El interés particular de los funcionarios públicos, se sustituyó el interés público por el privado. No es un malentendido, no es una confusión, es corrupción”, dijo.
