La Corte Suprema provincial rechazó un planteo judicial de Vicentin SA para recuperar el control del concurso de acreedores a través del polémico juez Fabián Lorenzini, y terminar de coronar acuerdos que beneficiaban a ciertos acreedores.
Entre los perjudicados, el Banco Nación. Una resolución emitida por el máximo tribunal ratificó la intervención en el concurso y la suspensión de todo lo actuado por la agroexportadora en default y consentido por el juez en lo civil y comercial de Reconquista. Sigue firme entonces la situación que comenzó el 16 de junio, a instancias de la denuncia que interpuso una firma acreedora –Commodities SA, del grupo Grassi– sobre irregularidades que se estaban desarrollando en el concurso con la anuencia del magistrado a cargo.
En aquel entonces el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, dispuso por decreto la tercera intervención directa en la historia santafesina del máximo tribunal en un caso particular de primera instancia. El primero fue sobre la quiebra del Banco Integrado Departamental (BID) en 1995, luego sobre el caso del ex ministro Marcelo Sain, y ahora Vicentin.
Gutiérrez había decretado la suspensión del concurso de acreedores y, por lo tanto, de todos los plazos en curso y los acuerdos hilvanados por Vicentin con la mayoría de la masa concursal.
Sobre esta novela tribunalicia que comenzó en diciembre de 2020, cuando el directorio con base en Avellaneda blanqueó el pagadios de 1500 millones de dólares y se declaró en default, sus observadores deducen que el presidente de la Corte santafesina decidió sacarle el concurso a Lorenzini y detener todo ante la posibilidad cierta de que el Poder Judicial de la provincia fuera objeto de una intervención federal por el ominoso escándalo del caso Vicentin, con más de 1000 puestos de trabajo en riesgo.
El decreto de avocamiento fue notificado a la empresa y a la sindicatura del concurso. Vicentin reaccionó previsible diez días después y presentó un pedido de revocatoria a la intervención de la Corte. Alegó que la investidura del presidente del tribunal no tiene atribuciones para suspender un concurso.
Esto fue lo que el tribunal por unanimidad rechazó ayer para ratificar el decreto de Gutiérrez y consultar el parecer del Procurador General, Jorge Barraguirre.
En el medio, vale señalar, se activó un pedido de jury de enjuiciamiento y destitución para el juez Lorenzini.
La resolución dispuso “rechazar la revocatoria interpuesta. Dejar sin efecto la suspención del trámite de avocación y disponer las notificaciones de los traslados y vistas oportunamente ordenados”.
Es que el directorio –a pesar de tener imputaciones por estafa encima– logró acordar con el 66% de la masa concursal (en capital pero también en acreedores) una propuesta de pago que otros denunciaron como fraudulenta. El Banco Nación y otros acreedores de envergadura, como el grupo Grassi, se oponen a la estrategia urdida por Vicentin porque entienden que implica un perjuicio a sus acreencias. Solo el BNA reclama 791 millones de dólares otorgados en préstamos durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por ejemplo, la maniobra que le valió hace dos meses la detención temporal del presidente del directorio, Omar Scarel. Se le probó gestiones para vender de manera ilegal acciones de la fábrica de biodiesel Renova a pesar de que hay una medida cautelar que lo prohíbe, e inducir al error a los acreedores del concurso al aceptar una propuesta de pago con el producido de esa venta ilegítima.
Vicentin había detraido activos del concurso y, a la par, había convenido un traspaso patrimonial a las multinacionales Viterra y Bunge, y a la colega nacional ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), que iban a terminar repartiéndose las plantas de acopio y crushing. Pero ahora esto quedó en aguas de borraja.
De ahora en más, es probable que la Corte Suprema separe de manera definitiva a Lorenzini del concurso para asignárselo a otro juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Esto implicará empezar de cero, habiendo desestimado los acuerdos impulsados por el gigante en default.
