Una joven con problemas de salud mental y a la que le sacaron su bebe recién nacida, la tuvieron viviendo más de dos años en el hospital de Vera violando todas las leyes y acuerdos internacionales en la materia. Una investigación de FM ACTIVA que pone al descubierto una dolorosa trama de incompetencias.
Es una historia que no me pertenece, pero sí debo escribirla en primera persona a partir de haberme involucrado por la injusticia que se estaba cometiendo y las graves violaciones a los Derechos Humanos.
Se trata de la situación de MCS (hago reserva de su identidad por razones que entenderán a partir de contar su historia)
La joven de 25 años de edad estuvo dos años y medio viviendo en el hospital a partir de una internación por embarazo, el diagnóstico de una enfermedad mental y el abandono familiar.
Esta historia comienza a escribirse el 19 de Junio de 2020, aunque en realidad comenzó mucho antes, desde su nacimiento. Una infancia y adolescencia vulnerada y carenciada.
En aquel Junio de 2020 desde Desarrollo Humano de la Municipalidad de Vera se solicita al hospital local la intervención del área social para MCS con un cuadro de esquizofrenia Paranoide. Es atendida en el hospital de Vera y se indica el tratamiento y seguimiento. Primero a través del CAPS de Las Gamas y luego, debido a su mudanza a Vera, a través del CAPS Martín Fierro.
El 21 de Octubre de 2020 fue internada en el hospital y se solicita acompañantes a la municipalidad debido a que la madre informa que no puede cuidar de la chica.
Dada de alta, en Diciembre del mismo año y luego de concurrir al CAPS Martín Fierro por dolores abdominales, se comprueba que MCS transitaba por un embarazo de 25 semanas. Dadas las condiciones de la joven desde el CAPS se aplica el protocolo de abuso realizando la comunicación correspondiente a la comisaría de la mujer de la U.R XIX. Se abre un expediente en fiscalía.
Averiguando al respecto me entero que se había realizado una ADN sobre un presunto abusador y que el mismo dio negativo. Pero la joven no tenía representante legal para continuar la causa o hacer un seguimiento. Nadie le dio participación al Centro de Acción Judicial. Fui personalmente a hablar con la Dra. Agustina Peralta para ponerla al tanto de la cuestión y partir del poder que le firmaron MCS y su curadora tomó intervención en el caso en Mayo de 2023.
Volviendo al derrotero de MCS, el 9 de Febrero de 2021 ingresa a maternidad del nosocomio con un cuadro de infección urinaria que requería internación para su tratamiento y estado de embarazo de 37 semanas. Los profesionales constatan además una descompensación de la joven debido a su tratamiento psiquiátrico. Fue dada de alta 48 horas después y su madre se negaba a alojarla. La intervención de profesionales del CAPS Martín Fierro hicieron desistir a la señora de esa postura y logran que se pueda quedar en ese domicilio.
Ese mismo día, el 11 de Febrero de 2021, vuelve a ingresar al hospital a partir de una llamado de la madre al 107. En ese momento el equipo interdisciplinario, dado el contexto familiar, resuelve que lo mejor era dejar internada a MCS hasta que culmine su embarazo.
El 25 de Febrero la mamá de la joven se hace presente en el hospital para informar que ella no se haría cargo ni de su hija ni de su nieta por nacer.
MCS comenzó a mostrar progresos en su salud mental a partir del trabajo de los profesionales, asistentes sociales y las cuidadoras que le fueron asignadas.
Asumió su embarazo y comenzó a diagramar su vida de madre. El personal del hospital colaboró intensamente con esa situación donando todo tipo de elementos para cuando se produzca el parto.
Pero el equipo interdisciplinario del hospital, debido a la situación, pidió la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
El 11 de Marzo de 2021 nació su hija. En el lugar se encontraban los de Niñez, Adolescencia y Familia. MCS ni siquiera pudo ver a su hija. Así como la sacaron de su vientre se la llevaron, la dejaron 24 horas en observación y luego la dieron a un hogar solidario.
En esa situación quedó alojada en el hospital. Se le buscó una curadora (representante legal o tutora) que sería con quién MCS tenía más afinidad entre sus cuidadoras.
A partir de esta situación comienza a tomar hábitos de vida y convivencia (que no los tenía). Se le tramita el DNI (tenía el viejo librito de color verde) y también una pensión. Comienza a concurrir a la escuela para finalizar el ciclo escolar primario. Manifiesta reiteradamente su esfuerzo por cuidarse y superarse para recuperar y cuidar a su hija. Participa activamente de talleres culturales en “La Quinta”, también lo hace dos veces por semana en el servicio de costurero del hospital y una vez por semana colabora en las actividades que se realizan en el CANyF (Centro de Atención a la Niñez y La Familia).
Todos los informes hablan de su evolución médica, terapéutica y social. Incluso el informe escolar indica en uno de sus párrafos “Los experiencia escolar de MCS se evalúa como muy positiva, en constante evolución, con muchos logros, fruto de sus esfuerzos sostenidos, de su voluntad de superación y la disposición permanente de sus acompañantes”.
En aquella fecha comienzan gestiones a fin de asignarle una vivienda. Su permanencia en el hospital no podía prolongarse mucho tiempo según lo establece, entre otras cosas, la Ley de Salud Mental.
Seis meses pasaron para que MCS pudiera tener un primer contacto su hija. Debido a la insistencia de la joven por conocerla, recordar el 11 de cada mes su fecha de nacimiento y otras cuestiones y a pedido del área social del hospital, toma intervención la asesora legal del nosocomio para que gestione la vinculación de ella con su hija.
Recién en Agosto de 2021 se consiguió un primer encuentro que luego continuaron siendo esporádicos y asincrónicos.
Ya habían tomado intervención el Juzgado de Familia de Vera, a cargo del Dr. Conrado Chapero, y la Defensoría General a cargo de Cristian Mudry, pero el caso toma mayor impulso cuando el Dr. José Boaglio se hace cargo de ese puesto.
Finales del 2021 y el 2022 transcurrió con notas de ida y vuelta entre los responsables del hospital y la Municipalidad de Vera por lo de la solución habitacional para MCS. Una especie de cumplir…sólo cumplir con lo que manda el protocolo y cubrirse las espaldas ante la (i)responsabilidad que estaban cometiendo.
La justica transcurría en trámites burocráticos sin resolver la cuestión de fondo y revisar todo lo actuado.
El personal del hospital, las asistentes sociales y sus cuidadoras le salvaron la vida a MCS. Las instituciones del Estado que debían darle una respuesta y una salida a su situación se olvidaron de ella. Dejaron trascurrir el tiempo violando sus derechos.
El desenlace
En Marzo de este año me enteré que había una chica que hacía dos años y medio estaba viviendo en el hospital, lo que incluía tenerla en ese lugar en plena pandemia de coronavirus.
Comencé a averiguar y entrevistarme con los protagonistas de esta historia. La primera fue en la delegación local de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Fui atendido por la Sra. Miryan Manassero, delegada local del organismo. Primera sorpresa: Su respuesta fue que ellos estaban a cargo de la hija y no de MSC a lo que respondí que como funcionaria no podía decirme eso atento que la niña a quién tenían era hija de una chica que hacía más de dos años la tenían viviendo en el hospital. Que el sentido común me indicaba que una cosa no podía desvincularse de la otra así como así.
La Secretaría había tomado rápida intervención para despojar a MSC de su hija. Amparadas en la Ley de Salud Mental de la provincia actuaron con rapidez, la misma rapidez en la que encontraron una familia solidaria y que se contradice con la lentitud con la que actuaron con la vinculación madre-hija y las violaciones que la familia solidaria tuvo para con la niña no respetando disposiciones legales en cuanto al accionar y exposición la niña.
Un hecho curioso, en muchos lugares a los que concurrí y me entrevisté con funcionarios y allegados al caso, me agradecían la intervención y que estuviera averiguando “porque no había nadie que se ocupara y le diera una solución al tema”.
Las entrevistas siguieron con la asistente social Verónica Suarez, que tenía el caso en el hospital, el Defensor José Boaglio, el Juez de Familia, Dr. Conrado Chapero. Hubo sólo dos funcionarias que no quisieron atenderme: la Directora del hospital, Dra. Carola Neuman (respondió que era una cuestión de secreto profesional) y la responsable sanitaria del departamento Vera, Dra. Beatriz Villa, que ni siquiera respondió a los mensajes.
Seguí con el Senador por el departamento Vera, Dr. Osvaldo Sosa, quién en un principio se mostró interesado y preocupado por el tema, pero del que se olvidó ni bien dejé su oficina.
También me entrevisté con distintos funcionarios del Ministerio de Salud que me llevaron hasta el Subsecretario del área de discapacidad, Patricio Huerga. Fue el primer funcionario que se mostró sorprendido y me informó que el caso nunca había llegado a su área. No tenía conocimiento de la situación y encontró una rápida salida. El Ministerio de Salud se harían cargo del pago de las tres cuidadoras que tiene MSC y que con ese dinero que se ahorra la municipalidad paguen el alquiler de una casa para ella.
A esta altura muchos manifestaban su preocupación por mi participación e investigación y estaban averiguando como había accedido a información sensible que ¿podía comprometerlos?
Con mucha información en mi poder prometí no hacerla pública ni denunciar el caso, mi única condición era que solucionaran la cuestión habitacional de MSC, que no podía estar un día más viviendo en el hospital.
El 8 de Marzo el Juez Conrado Chapero emite una resolución en la que dispone que la Municipalidad y el hospital de Vera debía solucionar a la mayor brevedad posible la vivienda para lo joven.
Con todos los elementos en mi poder seguí de reuniones con funcionarios municipales. Primero fue con la Secretaria de Desarrollo Humano, Jorgelina Velázquez. Conocía y sabía del caso, pero estaba desactualizada en cuanto a la evolución que había tenido MCS en los últimos dos años. Una reunión que no sirvió para mucho, sólo para que les manifestara a otras personas “como es que este periodista tiene tanta información del caso” y hasta según me contara otra persona me acusó de haberla amenazado por decirle que el caso era muy valioso periodísticamente hablando, pero que no lo haría público ni lo denunciaría sí de una vez por todas solucionaban la cuestión de fondo.
Seguí con otro funcionario, el secretario Edgardo Ballario, a quién puse en conocimiento de la situación y el incumplimiento en el que estaba incurriendo el municipio.
Terminé con la Intendenta Paula Mitre. Le lleve un principio de solución. Lo propuesto por el Subsecretario de Inclusión de la provincia y hasta que el Senador Sosa estaba dispuesto, si era necesario, a colaborar con el pago del alquiler.
El alquiler es una solución transitoria hasta que el municipio gestione una vivienda social que sea el hogar definitivo de MCS.
El tiempo pasó, las semanas corrieron y la solución no llegaba. El municipio acercó a la justica la propuesta de alquiler de una casa, pero no quería que el contrato fuera a nombre del municipio. El Defensor no aceptó eso y les dijo que el contrato debía estar a nombre del municipio. Una semana después le informaron que el alquiler se había caído.
Más dilaciones.
Ante esta situación, a propuesta del mismo defensor, antes de semana santa se realizó una reunión en el juzgado de familia de la que participaron funcionarios del hospital, el municipio y de la justicia. Allí se le dio al municipio 10 días para resolver la cuestión.
No se encontraban casas ni departamentos para alquilar. Nuevamente la justicia accionó contra el municipio y la sancionó con el pago de una multa por cada día de incumplimiento al mandamiento judicial equivalente al 5 % de un salario mínimo, vital y móvil que serían destinado a MCS.
Finalmente, a mediados de Julio me avisan de una casa. Aviso al municipio y la respuesta de la secretaria Jorgelina Velázquez fue que la había visto hacía unos días, que no le parecía adecuada porque no tenía patio y que el alquiler era caro.
Ante esta situación puse en alerta a los funcionarios judiciales, a la Intendenta Paula Mitre, y denuncié el caso en la Defensoría del Pueblo que le dio rápida intervención a la dra. Lucrecia Faccioli, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental de la provincia de Santa Fe.
También se abrió un expediente en la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, a través de la gestión que realicé con la Dra. Lucila Puyol.
Finalmente se entendió que no era una cuestión monetaria, sino humanitaria y el municipio avanzó en alquilar esa vivienda que encontré. Tengo que agradecer a su propietaria, Graciela, ya que tenía varios interesados en ella, pero a partir de contarle la historia me dio varios días para que convenza a los funcionarios municipales y decidieran alquilarla.
Ahora hago pública la historia porque MCS ya está en su casa. Cesaron las violaciones a sus derechos, pero queda la incompetencia de los funcionarios, el dolor de algo que se podría haber evitado hace mucho tiempo y no se lo hizo. De las máximas autoridades de la salud local, de la responsabilidad de Niñez Adolescencia y Familia y de los funcionarios políticos que se olvidan de la gente, que cuando llegan pasamos a ser un número para dejar de ser personas.
Algunos y algunas, si tuvieran un poco de vergüenza, deberían dejar sus sillas, pero sabemos que eso no sucederá porque el amiguismo y los acomodos políticos están por encima del derecho de las personas que, en definitiva, son las que menos importan.
Esto es apenas un resumen de una triste historia que todavía no tiene un final. Quedan todavía batallas que dar por una vivienda definitiva para MCS y para que le restituyan a su hija.
Investigación periodística: Marcelo Manzatto – Patricia Tizziani
