El gobierno provincial dio a conocer el decreto que autoriza realizarlos. Los municipios que adhieran a la medida deberán firmar un convenio con la provincia.
Omar Perotti amplió las facultades de la Policía de la provincia para controlar las motos y disponer su “retención preventiva”, si el conductor no puede acreditar su dominio con papeles. El gobernador firmó el decreto 460 que le propuso su ministro de Seguridad, Jorge Lagna, como una “solución” para bajar el índice de los “delitos predatorios”.
Lagna señaló que el decreto 460 habilita a la Policía a realizar los operativos de control de motos “en cualquier lugar y a cualquier hora”. “Creo que esto nos va a ayudar a bajar los índices de delitos con participación de estos vehículos”, insistió.
“La moto que detectemos con irregularidades vamos a ponerla a disposición de los municipios para el juzgamiento de una falta o el depósito del vehículo. Y si encontramos algún hecho ilícito se dará aviso al 911 y a la Fiscalía en turno”, precisó. El ministro dijo que ya tiene listos los convenios que firmará en los próximos días con los intendentes Pablo Javkin y Emilio Jatón para que los municipios de Rosario y Santa Fe sean depositarios de las motos retenidas.
El artículo 1º del decreto autoriza a la Policía de Santa Fe a realizar operativos en la vía pública para “identificar personas que circulen en motos” y “disponer la retención de los vehículos cuando quien lo conduce no pueda acreditar la titularidad del dominio, su legítima posesión o autorización de uso”. El paso siguiente será informar “de manera inmediata a las autoridades locales para que tomen la intervención que les compete a los fines de la identificación de los motovehículos y su remisión, si correspondiere, al depósito local”. La Policía podrá detener a los conductores “en caso de flagrancia” o si tiene “un requerimiento de autoridad judicial que determine su aprehensión”.
El Segundo indica que Al momento de efectuar las tareas de identificación de las personas que circulen en motos, no será necesario que esté acompañado por agentes municipales en el marco de un operativo de control.
En tanto que el 3° establece que La coordinación con los gobiernos locales estará en manos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. A partir de ahora, la Provincia deberá firmar convenios con los respectivos municipios para implementar las nuevas disposiciones. En estas situaciones, se deberá informar “de manera inmediata a las autoridades locales para que tomen la intervención que les compete a los fines de la identificación de los motovehículos y su remisión, en su caso y si correspondiere, al depósito local”.
En los fundamentos, el gobernador Perotti planteó que “el Estado provincial tiene la facultad indiscutida e indelegable de velar por la seguridad pública, por lo cual la prevención del delito y otras conductas reprochables, amerita la adopción de medidas idóneas para la mayor y mejor intervención en el control del desplazamiento de motovehículos”.
“La finalidad primordial” de la Policía es mantener “el orden público, la paz social, la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito, debiendo bregar con su accionar de manera ininterrumpida por la protección integral de la seguridad pública en todo el territorio provincial, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia”.
En esa línea, Perotti expresó “la imperiosa necesidad del control policial sobre este tipo de vehículos, que han sido utilizados como medio de transporte por criminales durante la comisión de hechos delictivos y, puntualmente, de intimidación pública y abuso de armas de fuego contra edificios públicos, entidades y domicilios particulares en la ciudad de Rosario”.
El gobernador mencionó un informe de la Policía de Santa Fe (‘Análisis de Delitos Predatorios’)” que destaca el predominio de la participación de motos “en los hechos delictivos en la vía pública en Rosario y Santa Fe”. Y esto “se debe a que este tipo de vehículos posee alta capacidad para la huida a diferencia” y permite operar en “cualquier camino”, “lo que fomenta su elección como medio de transporte para la comisión de delitos que atentan contra la vida, la propiedad y la paz social”, concluyó.
