Acusó a la actual vicepresidenta de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”.
“La misma imputada Cristina Fernández Kirchner desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que es el Poder Judicial” el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en cumplimiento de garantías constitucionales, subrayó. “Los gobernantes deben rendir cuentas de sus funciones”, afirmó Luciani.
Y cerró su alegato hablando de la violación a los derechos humanos cuando se cometen crímenes de corrupción. “La corrupción afecta el Estado de Derecho”. “Los fondos extraídos ilegalmente hubieran servido para paliar la pobreza”, resaltó. “De haberse procedido de manera eficiente, las rutas hoy estarían terminadas”, agregó.
Las acusaciones
A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años años de prisión por abuso de autoridad. Kirchner llegó acusado de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.
Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años años de prisión.
El juicio se reanudará el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas.
