La fiscalía le atribuye varios cargos. A través de testimonios y documentación cree tener probadas irregularidades por parte de Luis Tallarico. El organismo ya le había advertido, en 2015, desprolijidades en la administración y aseguran que lejos de solucionarlas las empeoraron.
Se realizó la audiencia imputativa contra Luis Alberto Tallarico, Jefe de la Zona 8 de Vialidad con asiento en la ciudad de Vera. El funcionario, de licencia en el cargo, fue denunciado por el ex empleado Luis Pérez (denunciado por vialidad) e imputado por formar parte de una supuesta asociación ilícita.
En la presentación el Fiscal Gustavo Latorre entiende tener probadas irregularidades en la administración de la zona de vialidad a cargo de Tallarico y de la que no serían ajenos, agrega en el escrito, Luis Godoy (empleado administrativo de la zona), Jorge Pablo Seghezzo (administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad) y Eduardo García (Sec. Gral. Del Sindicato de Trabajadores Viales), entre otros.
El funcionario del MPA indica que “independientemente las actuaciones investigativas llevadas a cabo por la fiscalía, se solicitó colaboración del organismo de investigaciones del MPA, la que elaboró informe en base a la documental que fuera secuestrada y la solicitada al organismo. En el informe se analizan distintas operaciones realizadas a una serie de proveedores señalados por los denunciantes, no efectuándose un control sobre otros actos o procedimientos de compras efectuados en la Zona VIII, ni tampoco sobre otros proveedores.
Son varios los testimonios que se recogieron en la causa y todos confluyen en un denominador común: las desprolijidades, irregularidades y falta de controles en la administración.
Sergio Colombini, Director de Auditoría de la DPV, sostuvo “Teniendo en cuenta que se compraba discrecionalmente a un comercio sin hacer una solicitud previa de presupuesto, se podría hablar de un perjuicio económico que no es palpable cuantificativamente”.
Agustín Costa, auditor de la DPV, dijo con respecto a las auditorías realizadas en 2013 y 2015 que se habían hecho recomendaciones (por las irregularidades encontradas) “y nosotros notamos que (ahora) hubo un retroceso”.
El Fiscal Latorre enumeró algunas de las irregularidades, entre las que se pueden destacar:
– Refacciones en la casa particular de Tallarico cuyo material era por orden y cuenta de Vialidad con autorización de la oficina de habilitación y pago en efectivo al albañil (menos de lo acordado) sin firmar recibo.
– Trabajos de pintura en el edificio sin solicitar presupuesto y pago en efectivo al pintor.
– Colocación de placas durlok en la casa donde habitaba y un departamento que está detrás y por las que se habrían adquirido una cantidad de placas superior a las efectivamente utilizadas.
La persona encargada del trabajo estimó que se utilizaron unas 62 placas durlok. Una constatación e inspección pedida por la fiscalía indicó que por los metros cubiertos se habrían necesitado unas 70 placas. Las adquisiciones realizadas en dos comercios de la ciudad ascienden a 120.
También pone la lupa en la reparación del motor de una motoniveladora. Indica que se pidieron tres presupuestos y se constató que los mismos eran de tres firmas de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) “siendo estos prácticamente idénticos en el texto del diagnóstico de los trabajos a realizar sobre la maquinaria, defiriendo solo en el costo de los servicios a prestar. Surge a las claras que las mismas fueron presentadas por una sola firma” indica el fiscal.
Al respecto informó que se realizó un peritaje sobre la motoniveladora y se constató que la mayoría de los trabajos (reparaciones) no fueron realizados.
Además describe la oposición de Tallarico para la realización del peritaje sobre el vehículo por lo que se debió solicitar la intervención policial para dar cumplimiento a lo ordenado por la fiscalía.
El Fiscal Latorre le atribuye al jefe de la zona Vera de Vialidad, “haber permitido que el personal que presta servicios en el sector compras maneje con total autonomía y absoluta libertad la emisión de comprobantes que habilitan la compra y el retiro de bienes de distintos comercios de la ciudad de Vera y otras ciudades de la provincia, en nombre de la repartición”.
Haber sido informado de las irregularidades en los procedimientos en ocasión de una auditoría realizada en 2015 y empeorar la situación “causando un perjuicio económico y financiero a la DPV”.
Que “como Jefe de Zona decidía discrecionalmente en que comercio comprar, que bienes se debían adquirir, a que comercio se le debía abonar mensualmente, que monto y aprobaba las compras”.
La imputación realizada por el Fiscal Gustavo Latorre sobre el Jefe de la Zona VIII de Vialidad, Luis Alberto Tallarico, es por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos; Incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a un mandato judicial, todo en concurso real y en calidad de autor.
Un dato llamativo fue aportado por el Director de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Daniel Cicerchia. Dijo que no se inició sumario administrativo a Tallarico atento que el mismo “solo ha sido denunciado y que no han efectuado denuncia penal por cuanto solo se trató de desprolijidades en el sistema de compras”..
