La megacerealera en concurso lo hizo para acceder a reintegros de IVA por exportaciones ente 2016 y 2019. La denuncia penal es por “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” y se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista. También se ordenó una auditoría forense sobre las cuentas de la empresa.
La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables, por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones, informó hoy el organismo público.
De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de $100.000 millones, fue denunciada por la AFIP “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” ante el Juzgado Federal de Reconquista.
“La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019”, explicó hoy el organismo en un comunicado.
Agregó que “la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores”.
Según indicó la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.
A partir de eso, el organismo “pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros “eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”, y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron “incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos”.
“Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”, concluyó el ente recaudador.
Auditoría
La Justicia estableció un plazo de 15 días para que los profesionales auditores propuestos presenten un plan de trabajo a desarrollar con relación a la situación financiera, contable, comercial y productiva de la sociedad concursada. “Esta información se pondrá a disposición del proceso y en particular de los acreedores y de la propia sindicatura”, señalaron fuentes judiciales.
El comité de control está conformado por representantes del Banco Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas, los bancos extranjeros acreedores y los representantes de los trabajadores. En su rol de vigilancia del concurso propusieron como auditores a dos estudios jurídicos especializados: Arnaud Iribarne y Asoc. con Abelovich, Polano y Asoc. SRL Nexia y Deloitte.
Cada vez más preocupados por la evidencia de un vaciamiento y el riesgo de quiebra, los acreedores buscan que los auditores independientes contribuyan a esclarecer aspectos relacionados con el desorden administrativo de la sociedad concursada, la composición del pasivo mediante un entrecruzamiento de contratos y operaciones por parte de empresas vinculadas y relacionadas, compañías controladas y filiales.
