Habían sido detenidos el sábado y fueron imputados con varios cargos por el escándalo sucedido en la U.R XIX el 16 de Septiembre. El extraño rol de un concejal.
Primero se hicieron las audiencias imputativas con los policías que cumplían funciones en la U.R XIX y la alcaidía el día que la denunciante, menor de edad, fue ingresada a la celda de su padre (Manuel Díaz) con el objetivo de presionarla para que modifique o levantara su denuncia.
El Jefe de la alcaidía de la U.R XIX, Comisario Guillermo Starcevich, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y cohecho.
En tanto que el oficial Carlos Paniagua lo fue por abuso de autoridad y encubrimiento agrabado.
Por su parte el suboficial Juan Sanchez fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado y encubrimiento agrabado.
Por último a el oficial Fabricio Visconti se le imputaron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado.
Los cuatro policias recuperaron la libertad por disposición del juez que entiende en la causa luego que se realizara la audiencia de medidas cautelares, rechazando el magistrado los pedidos de prisión preventiva realizado por los fiscales, que ya adelantaron apelarán la medida.
No obstante haber rechazado la solicitud de prisión preventiva, quedaran en libertad bajo restricciones.
De esta manera, se les impuso a los cuatro agentes policiales una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima, además de una prohibición de comunicación entre ellos. Entendió el juez que el peligro procesal de entorpecimiento probatorio podía ser conjurado con medidas de menor impacto a la prisión preventiva y así lo decidió.
¿Un concejal abogado de los imputados?
El actual concejal del FPV, Sixto Gonzalez, asumió las defensas de los policías Paniagua y Visconti ¿Es ético que un funcionario público, el concejal, defienda a otros funcionarios públicos, los policías?
Los concejales tienen el privilegio de, además de su función legislativa, poder seguir desarrollando su actividad privada. Ahora que un legislador, que debería velar por la seguridad de los verenses, asuma la defensa de policías que, presuntamente, están involucrados en hechos tan graves como los sucedidos en el Unidad Regional el pasado 16 de Septiembre y que involucran a una menor y su presunto abusador, parece mucho.
Al menos debería ser éticamente reprobable.
