Detuvieron por unas horas a dos jefes policiales santafesinos por unos procedimientos que estaban realizando en Corrientes por orden de la justicia federal.
Una operación antinarcóticos de la Policía de Santa Fe ordenada por el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, en Goya, terminó en un escándalo institucional. Dos comisarios, el jefe de Drogas Peligrosas de la provincia José Moyano y el responsable del área en la zona norte Claudio López fueron detenidos por orden de dos fiscales correntinos, Patricio Paliza y Guillermo Barry, por supuesta “privación ilegal de la libertad” de 16 jóvenes, a quienes trasladaron a la fuerza desde la ciudad de Corrientes hasta Goya para que sean “testigos” de los allanamientos. Ante las denuncias de padres por la irregularidad del traslado, el gobernador Ricardo Colombi, ordenó la “urgente” intervención de la Policía de Corrientes que rodeó a sus colegas de Santa Fe y liberó a los “testigos” en medio de la tensión entre ambas fuerzas. Colombi dijo que la “actuación” de la Santafesina dejó “mucho que desear” y la de Moyano y López “fue lamentable”, reveló que llamó al gobernador Miguel Lifschitz, pero como no lo encontró, habló con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, con quien tuvo un “fuerte cruce” de palabras.
Colombi intervino directamente en el episodio porque se encontraba en Goya cuando sucedieron los hechos y se dirigió al lugar donde se realizaba el operativo después de recibir quejas de los padres de los “testigos” trasladados desde Corrientes. Ante la prensa local, no ocultó su enojo: “La actuación de la Policía de Santa Fe deja mucho que desear porque no cumplió el protocolo de avisar a nuestra policía. La actitud de los jefes de la Policía de Santa Fe fue lamentable o por lo menos no estuvo a la altura de la situación”. Moyano esta al frente de Drogas Peligrosas de la provincia y López al mando del area en el norte de la provincia.
El gobernador correntino dijo que habló con algunos de los 16 “testigos” para asegurarse que estaban bien. “Algunos tuvieron que llamar a sus trabajos porque corría el riesgo de que lo pierdan. Recibí muchos reclamos de los padres”.
Ante la pregunta de por qué se había metido en el asunto, Colombi respondió que él “está para velar por la seguridad de los correntinos, si pasaba algo iban a culpar al gobierno y a la Policía de Corrientes”. Ahí fue cuando comentó que había intentado hablar con Lifschitz, pero como no pudo, llamó a Pullaro con quien tuvo “un fuerte cruce” telefónico.
Los comisarios Moyano y López fueron detenidos por orden de los fiscales Paliza y Barry. Ahora deberan explicar cómo y porqué se realizaron los operativos que incluyeron el traslado de 16 jóvenes desde la capital de Corrientes hasta Goya para que sean “testigos” en los allanamientos. Varios padres de los demorados realizaron denuncias por privación ilegitima de la libertad ante la justicia federal y provincial.
El jefe de la Unidad Regional de Goya, Héctor Montiel, describió al procedimiento como “totalmente arbitrario e innecesario”. “Testigos hay en toda la provincia, no entiendo por qué fueron a buscarlos a la ciudad de Corrientes”, concluyó. Los policías santafesinos fueron liberados después de unas horas.
La insólita situación, que se encuentra inmersa en una profunda investigación, se dio a partir de una pesquisa que tiene varios meses, en la que interviene el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. El lunes pasado varios hombres fueron sorprendidos en lanchas en las que transportaban unos 40 kilos de marihuana en la ciudad costera del norte santafesino.
Fuentes de la investigación señalaron que de acuerdo a escuchas telefónicas realizadas en tiempo real -es decir transcriptas directamente mientras se producían los llamados- permitieron saber que los abastecedores de los pasadores de la droga descubierta en la lancha tenían domicilio en Goya.
El juez federal Alurralde emitió entonces un exhorto hacia su colega de Corrientes Carlos Soto Dávila para que habilitara los allanamientos en Goya, ciudad situada frente a Reconquista, del otro lado del río Paraná. Hacia allí concurrieron policías de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe al mando de su jefe, comisario mayor José Moyano, a fin de concretar los procedimientos en los domicilios de los sindicados como proveedores.
“El operativo en Corrientes fue por orden de un juez federal”
Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, expresó que “esta investigación venía desarrollándose desde hace tiempo bajo las órdenes del juzgado federal de Reconquista. Estaban siguiendo la pista de una organización narco que introducía droga en el norte de nuestra provincia. Al parecer, esta organización narco operaba desde Goya, Corrientes. Por orden del fiscal federal se realizaron los allanamientos en Goya”.
Además, Miguel Lifschitz agregó que “el gobierno y la policía de Corrientes se enojaron porque no tenían información previa. Ahora, esto es lo que suele ocurrir antes de dar un golpe a los narcos. Les recuerdo que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el país. En el territorio provincial muchos jueces federales radicados en otras provincias hicieron allanamientos. Este accionar es habitual y normal”.
Finalmente, el gobernador de Santa Fe remarcó que “nuestro ministro de Seguridad ya dialogó con su par de Corrientes. Estimo que hoy voy a dialogar con el gobernador Colombi. Es llamativo lo que ocurrió. Les recuerdo que hasta ayer nosotros no sabíamos sobre el operativo”.
