Los padres de la joven fallecida porque no se le practicó un aborto no punible y la Multisectorial de Mujeres aportaron más documentación al pedido que tiene para responder el gobierno provincial.
Ana María Acevedo era una joven de la ciudad de Vera, que en 2007 tenía 20 años y tres hijos. Fue operada de un sarcoma y días después se le detectó un embarazo de cinco semanas con saco gestacional sin embrión. La familia pidió un inmediato aborto terapéutico para que pueda hacer el tratamiento oncológico indicado, pero profesionales médicos se lo negaron. Esa demora no ayudó a que la beba sobreviva y además llevó a la mujer a una muerte dolorosa.
Ahora, mientras se define en la Justicia provincial las responsabilidades penales y los reclamos civiles contra seis de los profesionales que intervinieron en el caso, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe reiteró al gobierno la necesidad de otorgar una indemnización para la familia de Ana María. La presentación fue hecha el pasado 6 de agosto en la Casa Gris ante el fiscal de Estado, Juan Pablo Saccone, quien ahora evaluará la fundada solicitud.
La multisectorial considera que “la nueva documentación para la ampliación del reclamo” sería “una reparación para la familia Acevedo, que se da en el marco de la causa por la muerte de su hija Ana María, por no practicársele el aborto no punible para poder realizarle un tratamiento contra el cáncer que padecía”. Una de las referentes de este colectivo, la doctora Mirtha Manzur, dijo a Diario UNO que confía en la respuesta del Poder Ejecutivo.
“La cuestión tiene dos aspectos en el caso de Ana María: uno es lo Penal y lo otro lo Civil. La causa penal está avanzando, estamos en la etapa de pruebas en el plenario (que vendría a ser el desarrollo del juicio) porque este caso se rige con el Código Procesal antiguo. Nosotros ya hicimos todas las presentaciones y ahora es la defensa la que está haciendo lo suyo”, explicó. “Pero dentro de esa causa penal –agregó Manzur– estamos constituidos como actores civiles, Norma (la madre) y el papá están constituidos en actores civiles y van contra los seis médicos procesados. Es decir, también hay un reclamo contra ellos para que respondan con sus patrimonios personales por lo que consideramos fue la comisión de un delito”.
“Por otro lado, está el reclamo al Estado santafesino. Se trata de reclamos administrativo que es previo a entablar un juicio de daño y perjuicio contra el Estado provincial, el Ministerio de Salud y el Hospital Iturraspe. En esa presentación ante el Ejecutivo hubo tratativas con el fiscal de Estado, que ante un requerimiento verbal y formal que nos hizo ampliamos las pruebas originariamente presentadas”, expresó la militante feminista.
Respecto de las expectativas reales que genera el planteo, indicó que esperan que “el señor fiscal” evalúe toda la documentación que ahora tiene en su haber y que determine el mérito que tiene la familia para recibir una indemnización. “Nosotros creemos que hay voluntad de este gobierno para aceptar el pedido, ya que con el cambio de gobierno hubo otras políticas de derechos de género y de salud pública”, indicó Mirtha Manzur.
“Después de aquel fatal hecho, cambiaron muchas cosas en la provincia. Primero fue con la doctora Débora Ferrandini, luego con el exministro Miguel Cappiello, también con el doctor (Daniel) Tepaz y ahora con la actual conducción del sistema público de Salud (que encabeza el ministro Mario Drisun). Siguiendo todo ese proceder, concluimos que es posible que la provincia indemnice a la familia”, concluyó.
En tanto, desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe recordaron que “los médicos del sistema de salud pública se negaron a tratarle el cáncer que padecía (Ana María) dado que estaba embarazada, atentando así contra sus derechos sexuales y reproductivos y sus derechos a la vida y a la salud”. Por lo cual, creen que se incurrió en la comisión de delitos por los que hoy se encuentran seis médicos procesados.
“El gobierno de la provincia de Santa Fe tiene la oportunidad histórica de restituir a Ana María su calidad de ciudadana, que le fue negada en vida. Asimismo tiene en sus manos la posibilidad de reparar integralmente los daños causados a su familia, evitando la continuidad de la causa en Tribunales Internacionales que condenarían a la República Argentina”, argumentaron.
Por último, el colectivo defensor de los derechos de género manifestó que “el reconocimiento de su calidad de ciudadana y la reparación que espera su familia serían novísimos en Argentina, y tendrían repercusiones en todo el continente, poniendo a la provincia de Santa Fe a la vanguardia de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América latina”.
Una tragedia evitable
En mayo de 2006 Ana María Acevedo concurrió al Samco de la ciudad de Vera, de donde era oriunda, con fuertes dolores en el maxilar. Le extrajeron una muela, pero regresó al efector de salud porque seguía con fuertes dolores y durante seis meses le recetaron antibióticos sin prestarle mayor atención al caso ni investigar cuáles eran las razones de la complicación médica.
Recién en noviembre de ese año ella llegó a la ciudad de Santa Fe para hacer una interconsulta. En el Hospital José María Cullen le hicieron los estudios necesarios, y lejos de una cuestión odontológica le diagnostican un rabdomiosarcoma alveolar, uno de los tumores más malignos. Allí se la derivó al Hospital Iturraspe para iniciar el tratamiento oncológico indicado para esos casos.
Sin embargo, en la segunda visita al nosocomio, el 5 de diciembre, se le detectó un embarazo de cinco semanas con saco gestacional sin embrión. Ella y su madre solicitaron al médico un aborto terapéutico a fin de poder iniciar la radioterapia y quimioterapia que podrían haber salvado su vida. El Comité de Bioética del Iturraspe desestimó el pedido y la obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007 cuando, con 25 semanas de gestación, le indujeron el parto, en estado premortem y con falla de órganos internos. Así nació una nena de 450 gramos que tan solo sobrevivió 17 horas. Tres semanas después, el 17 de mayo de 2007, tras una larga agonía, Ana María falleció dolorida y deformada.
La joven había sido diagnosticada con una grave enfermedad, pero tenía grandes posibilidades de superarla. El tumor tenía apenas tres centímetros cuando se lo detectaron y no se había ramificado. No obstante, fueron las presiones de los grupos conservadores y la ausencia del Estado las que pesaron más y lograron que la ley y los derechos de una mujer pobre sean ignorados.
Antes del terrible desenlace, su madre, Norma Cuevas, hizo un pedido desesperado para que se atienda la situación de su hija y se le permita tener la oportunidad de luchar por su vida. Ni las autoridades del hospital ni del gobierno provincial (de Jorge Obeid) escucharon el reclamo. Incluso, luego de la muerte, se intentó esconder el pedido de aborto terapéutico y la única respuesta que dio el Ministerio de Salud fue separar del cargo al entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena.
