Fiscalías desbordadas

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Los dos fiscales del MPA en Vera están con licencia médica. Debido a está situación se asignó al Dr. Nicolas Maglier para suplir esas ausencias. En Las Toscas pasa una situación similar. Si la justicia es lenta, no es justicia.

Al histórico reclamo de falta de personal en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Vera se le suman los imponderables cotidianos. La oficina fiscal con asiento en está ciudad contaba con tres fiscales hasta que el Dr. Gauna Chapero fue designado Juez y su cargo nunca fue cubierto.

Por estos días el fiscal Leandro Benegas atraviesa un período de aislamiento como consecuencia de haberse afectado con caronavirus. En tanto el Dr. Gustavo Latorre, hace unos días, se tomó una licencia médica de (por lo menos) 60 días. Su salud se vio seriamente afectada debido al desborde de trabajo, más aún por el estres provocado por el caso de Rosalía Jara y últimamente por la investigación sobre juego clandestino que derivó en 40 allanamientos en muchas localidades de la provincia y 16 personas detenidas que ya fueron imputadas y cumplen con las prisiones preventivas.

El Fiscal Regional, Dr. Ruben Martinez, asignó temporariamente al Dr. Nicolas Maglier para suplir esas ausencias en la unidad fiscal de Vera, algo que parece insignificante para un lugar donde se tramitan más de 10 mil expedientes judiciales.

En Las Toscas sucede un hecho similar. Las Toscas multimedios publica “hay dos cargos de fiscales, pero uno de ellos, el doctor Juan Carlos Koguc, está con licencia por problemas de salud y es reemplazo por el fiscal adjunto Nicolás Maglier, que es itinerante, Vera, Reconquista, Las Toscas, por lógica consecuencia, el fiscal full time de la jurisdicción, es el doctor Norberto Carlos Ríos, que en tres días tuvo que ordenar y/o participar de ocho operativos judiciales, policiales, detener a ocho personas, imputar a todos ellos y comenzar con la investigación correspondiente; algo que material y humanamente es inviable”.

En esa oficina fiscal se tramitan unas 3 mil causas judiciales.

Los gobiernos provinciales y los legisladores tienen una deuda con el sistema judicial del norte santafesino que se hace indispensable se comience a saldar a la mayor brevedad posible.

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