Es la pena que recibió Lázaro Baez en la causa denominada “La ruta del dinero K”. También fueron condenados sus hijos, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar y Leonardo Fariña, entre otros.
Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.
Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.
Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.
La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.
Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.
En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.
Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personeria juridica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Todas las condenas y absoluciones
1) Lazaro Antonio Báez, 12 años
2) Jorge Oscar Chueco, 8 años
3) Daniel Rodolfo Perez Gadin, 8 años
4) Jorge Leonardo Farina, 5 años
5) Martin Antonio Baez, 9 años
6) Leandro Antonio Baez, 5 años
7) Melina Soledad Baez, 3 años
8) Luciana Sabrina Baez, 3 años
9) Walter A. Zanzot, 5 años
10) Julio Enrique Mendoza, 6 años
11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses
12) Eduardo Cesar Larrea (absuelto)
13) Walter Santiago Carradori (absuelto)
14) Fabian Virgilio Rossi, 5 años
15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses
16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses
17) Mario Lisandro Acevedo Fernandez, (absuelto)
18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años
19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.
20) Sebastian Ariel Perez Gadin (absuelto)
21) Alejandro Ons Costa, 4 años
22) César Gustavo Fernandez, 5 años
23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.
24) Christian Martin Delli Quadri (absuelto)
25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años
26) Martin Andres Eraso, 4 años y 6 meses
27) Juan Alberto De Rasis, 6 años
La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.
