Con la oposición de Juntos por el Cambio y el apoyo de los bloques minoritarios, el oficialismo logró transformarla en Ley. Estiman que unas 800 mil personas podrán ser alcanzadas por el beneficio.
El oficialismo logró, en el último día de sesiones extraordinarias, aprobar con 134 votos a favor la ley de plan de pago de deuda previsional (conocido popularmente como moratoria previsional).
El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.
Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.
Desde ANSES estiman que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.
La oposición, que rechazó el proyecto por su alto costo fiscal y por su “inequidad” con quienes hicieron los 30 años de aportes, cuestionó al Gobierno por no llevar adelante una reforma laboral que permita incorporar más trabajadores al sector formal para así robustecer el sistema.
El economista de Evolución, Alejandro Cacace, reconoció que con las moratorias se amplió la cobertura previsional, pero aclaró que esta herramienta generó dos problemas: el primero es la falta de equidad, porque “no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no lo tiene”; y además se genera “un enorme problema de déficit fiscal”.
“La realidad de fondo es un problema del mercado de trabajo que no se ha resuelto, que no fiscalizamos adecuadamente. Nuestro sistema jubilatorio pide 30 años de aportes cuando casi nadie puede cumplir esa condición”, explicó.
