Gremio y empresarios del transporte coinciden en lo perjudicial de una medida del gobierno nacional
Advierten que la quita de subsidios al transporte al interios del país podrían significar el cierre de empresas, la reducción de frecuencias y pérdidas de fuentes de trabajo.
El consejo directivo de la UTA advirtió que “están en juego miles de puestos de trabajo”, aunque prefirieron no dar cifras “porque será un proceso que estará directamente ligado a la quita de subsidios”.
Asimismo, solicitaron a las autoridades de las secretarías de Transporte y de Trabajo, que “se garanticen las condiciones que permitan la continuidad del servicio público”, al tiempo que admitieron que “no tenemos una respuesta a estos planteos que estamos formulando y que preocupan a nuestros afiliados y afiliadas”.
Al respecto, la UTA señaló que “es responsabilidad exclusiva de las autoridades la determinación de las políticas públicas en materia de transporte de pasajeros ya que la actividad, en nuestro país, se encuentra regulada como un servicio público”.
En este marco, expresó su “profunda preocupación” por el cambio de reglas y avisó sobre “las posibles consecuencias que generará dicha medida sobre el desenvolvimiento de la actividad y su repercusión sobre la fuente de empleo de 100.000 trabajadores y trabajadoras.
El gremio planteó que la suba de las tarifas debe encontrar “equidad y proporcionalidad con los ingresos de los trabajadores y sectores más vulnerables que son los principales usuarios” y agregó que “por ese motivo depende de los organismos del Estado la determinación de los ingresos de las empresas prestadoras necesarios para afrontar los costos de operación, ya sea a través de las tarifas o de los subsidios”.
Por su parte la FATAP señaló que “Las más de 250 EMPRESAS ARGENTINAS nucleadas en FATAP han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica.
El sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto. Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero.
No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido.
Los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales.
Sin un plan de acción que implemente inmediatamente, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y FATAP, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del Interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades”.
