Ciento de miles de personas se movilizaron en todo el país en defensa de la universidad pública, pero en Buenos Aires el acto central fue coopado por quienes llevaron al país al desastre y gobernaron hasta el 10 de Diciembre.
Se trató de un evento político de una dimensión tan masiva que convirtió en irrelevante precisar si fueron 180 mil, como dijeron sotto voce en el Gobierno, o un millón de almas, como plantearon los organizadores. Fue ciertamente una multitud que se movilizó para defender el valor de la educación pública y para pedir un límite al ajuste drástico del presupuesto destinado a las universidades nacionales.
La movilización la organizó la comunidad de las universidades públicas -con rectores, estudiantes, docentes y no docentes y sindicatos- después de semanas de negociaciones que no llevaron a ningún lado entre el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y sectores gremiales con el Gobierno. La marcha -que por su volumen convirtió en inaplicable el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich- tuvo la adhesión masiva de los distintos sectores del peronismo, de piqueteros y sindicalistas de la CGT y las dos CTA, como así también de sectores importantes de la UCR y una minoría del PRO.
Más allá de la multitudinaria convocatoria, el gobierno de Javier Milei reaccionó sin sorpresas. Rechazó los reclamos, ratificó la política de austeridad presupuestaria y puso en medio de la discusión la exigencia de que las universidades acepten un régimen de auditorías sobre los fondos que administran diferente al que establece la legislación vigente.
El discurso de cierre lo pronunció la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández: “No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina; somos la Universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la Universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos, en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos”.
La dirigente, que proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, había planteado antes la necesidad de más presupuesto: “Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”.
Se trató del el tramo central de un discurso que se escuchó después de que hablaran varios dirigentes sindicales, docentes, no docentes y de los rectores que se refirieron a la cuestión universitaria. Y de dos mensajes que provocaron cierto revuelo por el tono que tuvieron: el de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeyda, y el del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Esas palabras parecieron confirmar -junto con la presencia de líderes del peronismo y el alto perfil que decidió tener Cristina Kirchner- una partidización del reclamo universitario y la mutación de una reivindicación transversal de la sociedad a un mero acto político opositor. El encargado de plantearlo sin ambages fue, en su conferencia de prensa matutina, el vocero Manuel Adorni, que habló de “tren fantasma”. Como suele decirlo en privado y a veces en público, él habla por el Presidente.
