La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 47 intendentes y exintendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos.
Del total, cuatro intendentes y exjefes comunales de la provincia de Santa Fe quedaron involucrados en la procesamiento que emitió la Cámara Federal porteña.
Se trata de Juan Carlos Bacalini (exintendente de Casilda), José Antonio López (Pavón), Héctor Carlos Godoy (Pavón) y Gustavo Deheza (exintendente de Rufino y actual concejal), todos pertenecientes al PJ.
Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.
La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los PMIGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”, indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.
Estos se suman a otros 43 que fueron considerados como partícipes necesarios de una presunta malversación de fondos con el programa de manejo de residuos que en su mayoría pertenecen a la provincia del Chaco, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires.
En el mismo fallo, el tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito de 42 intendentes imputados y sobreseyó a otros dos.
Entre ellos, también hay cuatro de la provincia que fueron sobreseídos por esa causa. Ellos son: Fernando Emilio Almada – El Trébol – Guillermo Mario Cornaglia – Bouquet – José Luis Freyre – Venado Tuerto – y Mónica Alejandra Stumpo – Serodino.
