Fue en el marco de la causa IBM-DGI que involucra a ejecutivos de la mutinacional y a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró hoy imprescriptibles los delitos de corrupción, al revocar un fallo que había declarado extinguida la acción penal en el caso de supuestos pagos de sobreprecios en la causa IBM- DGI.
Los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani revocaron la prescripción decretada en ese caso y ordenaron al Tribunal Oral Federal 3 que realice el juicio cuanto antes.
La investigación apunta a determinar si existieron pagos de sobreprecios desde el Estado Nacional por 120 millones de dólares/pesos en los años 90, en lo que se conoció como el proceso de informatización de la Dirección General de Impositiva (DGI).
En la causa se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional IBM y ex funcionarios nacionales: Ricardo Cossio, Daniel Carlos Hurrel, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Eduardo Vicente D´alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo y María Eugenia Dallorso. Todos están acusados de defraudación contra la administración pública.
En la investigación se pudo determinar que la DGI no realizó estudios previos sobre el alcance de los proyectos informáticos a contratar, ni estableció costos de los mismos. La DGI invitó a distintas empresas a presentar proyectos, y a pesar que Sistemas Tecnológicos Integrados SA (STI) era la que había presentado la mejor oferta económica, no fue elegida, resultando contratada IBM. Lo llamativo es que, según surge de la causa, Cossio le solicitó a IBM que adquiriera de STI el desarrollo conceptual de software.
Además, IBM subcontrató a las empresas Consad y Segurex. Ambos habrían incurrido en contabilidad apócrifa para justificar pagos. Estos pagos –por servicios que en realidad no se habrían realizado- podrían haber sido utilizados para los sobornos.
