Sergio Urribarri se defendió de la condena impuesta por corrupción. El ex gobernador de Entre Ríos renunció a su cargo de embajador con el que lo había premiado Alberto Fernandez. La fiscalía había estimado el desvío de fondos del Estado en 9 millones de dólares.
Sergio Urribarri fue gobernador de la provincia de Entre Ríos por dos períodos, entre el 2007 y 2015, pero tiene una extensa carrera en la política.
El hombre de 63 años arrancó en 1985 en la comisión de cultura de la localidad de General Campos donde luego sería elegido Intendente para el período 1987-1991.
Luego fue diputado provincial entre 1992 y 2005, mandato que finalió ya que fue designado Ministro de Gobierno, cargo que acupó entre el 2003 y el 2006.
En el 2017 fue electo gobernador y reelegido en el 2011.
Fue en ese segundo período donde se produjeron los hechos de corrupción investigados por la justica y que terminaron con una concena de 8 años de prisión para él y otros funcionarios de su gobierno a instancia de la denuncia realizada por dos abogados por enriquecimiento ílicito en el año 2014.
El tribunal juzgó en debate oral y público a los acusados por tres causas por contrataciones que fueron unificadas: las conocidas como “Solicitada”, “Cumbre del Mercosur”; y “Parador de Mar del Plata”. Los fiscales habían tramitado por separado esos legajos, al considerar que esas contrataciones que hizo el Gobierno entrerriano tenían como objetivo velado promocionar la precandidatura de Urribarri, una aspiración personal y no de Estado.
La hipótesis principal de los fiscales es que a través de distintos mecanismos de contratación, el Estado entrerriano financió la campaña presidencial del entonces gobernador Sergio Urribarri, quien se lanzó como precandidato para la Presidencia de la Nación dentro del espacio que se llamaba “Frente para la Victoria” y lideraba Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2013.
Finalmente baja su candidatura antes de las elecciones primarias a pedido a la presidenta Cristina Kirchner.
“Todas las irregularidad se traducen en no poder encontrar el límite entre la función pública y la privada. Esta confusión no es inocente, se violaron innumerables normas. Esto no es un cúmulo de trabajo, de inexperiencia, de falta de previsión. Son irregularidades y se alejan del control de los órganos constitucionales. Irregularidades administrativas que siempre tienen como beneficiarios a funcionarios públicos. Se demostró que tienen el beneficio para funcionarios públicos y conllevan perjuicio al Erario público. No olvidemos que esta causa no son dos spots y un parador, la sumatoria de estas causas acumuladas contemplan un desvío de más de 9 millones de dólares, que traducidos a la actualidad significan 1000 millones de pesos. Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo, todo debe ser valorado en su conjunto. El interés particular de los funcionarios públicos, se sustituyó el interés público por el privado. No es un malentendido, no es una confusión, es corrupción”, dijo El fiscal Gonzalo Badano cuando hizo la acusación contra Urribarri y cía.
