La justicia le impuso una pena de 8 años por delitos cometidos durante se gestión. Actualmente es embajador en Israel y Chipre.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones condenó a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al exgobernador Sergio Urribarri por los delitos de corrupción. Al exministro Pedro Báez los jueces le dieron 6 años de prisión. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 años y medio de prisión. Tanto Báez como Aguilera también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
De las 13 imputaciones, 4 personas rersultaron absueltas: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el contador y empleado del Gobierno provincial, Gustavo Tórtul; el diseñador gráfico Maximiliano Sena y Alejandro Almada.
Además, se le expropió la imprenta y toda la estructura logística a Aguilera, al entenderse que a través de su estructura se desarrolló uno de los mecanismos de corrupción más salientes -causa imprentas- y fue adquirida y desarrollada con dineros públicos que se desviaban en las dos gestiones de Urribarri como gobernador.
El juicio concentró cinco causas por diversas irregularidades, y además de Urribarri, Aguilera y Báez, fueron juzgadas otras once personas. Entre los hechos cuestionados, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014. Los camaristas analizaron si esas y otras contrataciones cuestionadas, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
Como dato saliente, el tribunal que arribó al veredicto por unanimidad, rechazó todos los planteos técnicos de las defensas. Refutó cuestiones vinculadas a la violación del principio de congruencia, es decir el cambio de plataforma fáctica a lo largo de la investigación y juicio; la intervención de la Policía Federal en los procedimientos; y la introducción de elementos que las defensas consideraron ilegales. De modo que rebatieron cuestionamientos a los profesionales del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de informes técnicos; validaron procedimientos a cargo de fuerzas federales y, entre ellos, el secuestro del polémico disco extraíble. Los jueces aseguraron de ese modo que se respetó las garantías constitucionales de defensa a todos los imputados. Remarcaron que varios planteos defensivoas resultaron extemporáneos y contradictorios dado que, en una etapa anterior, los defensores convalidaron una convención probatoria.
Los jueces no concedieron el pedido de suspensión de juicio a prueba para Germán Buffa. Sostuvieron que de otorgarse ese instituto perdería su naturaleza ya que dejaría de ser una “suspensión de juicio” para ser una “suspensión de fallo”.
Además dieron por acreditada la titularidad de las empresas Tep y Next como propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.
“Debe quedar claro, aunque tal vez sea innecesario, que no fue objeto de juzgamiento ni evaluación de este tribunal una gestión de gobierno, la ideología o el pensamiento político del gobierno del señor Sergio Urribarri, como tampoco la legitimidad de sus aspiraciones políticas. La tarea de este tribunal se circunscribe a la valoración de los hechos descriptos en las imputaciones de Fiscalía, y sobre las cuales confrontaron profunda y extensamente las defensas. Es necesario entonces hacerse las siguientes preguntas: ¿La acusación acreditó con certeza la materialidad y autoría de estos cinco sucesos? O, por el contrario: ¿Las acusaciones fueron rebatidas por las defensas?”, introdujo Chemez antes de comenzar con la valoración de la prueba en la “causa de las imprentas”. El juez invocó los delitos contra las administraciones públicas o delitos de corrupción; la reforma constitucional del 94 y la adhesión a pactos internacionales contra la corrupción.
En el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde se desarrolló la audiencia, estuvieron los imputados Gustavo Tórtul y Gustavo Tamay. El exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel; y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, siguieron la lectura mediante videoconferencia.
